María Fernanda Cabal demandó el decreto que le quita poderes al Consejo de Estado sobre las tutelas impuestas contra Petro

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, indicó a través de sus redes sociales que radicó la demanda de nulidad contra el decreto 0799 con el que el presidente Gustavo Petro busca que las tutelas impuestas en contra suya no lleguen al Consejo de Estado.

En su cuenta de X afirmó: “No vamos a permitir que se altere el acceso a la justicia especializada con un decreto inconstitucional que vulnera la Constitución en su artículo 152 para garantizar impunidad a su favor”.

Esta demanda incluye al ministro de Justicia y del Derecho, Eduardo Montealegre, y al presidente de la República, Gustavo Petro, ya que, entre otras cosas, Cabal asegura en el documento que “la expedición de este acto administrativo constituye una clara extralimitación del poder reglamentario del Ejecutivo, vulnerando varios preceptos constitucionales como el principio de legalidad, juez natural, debido proceso, reserva de ley y separación de poderes”.

Sin embargo, el presidente Petro respondió que es asunto de democracia que el jefe de Estado sea tutelable por cualquier colombiano ante cualquier juez de la República. “Hay que evitar una elitización de la justicia y buscar su democratización plena”.

Cabe mencionar que el Decreto 0799 de 2025, que fue firmado por el Ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y el Presidente, ha sido ampliamente cuestionado, principalmente por miembros de la oposición, debido a las tensiones que genera con la rama judicial.

Por ello, el presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez, indicó que la decisión del Gobierno Nacional de derogar la norma que precisaba la manera en la que se reparten las tutelas y le quitó al Tribunal de lo Contencioso Administrativo enterarse de posibles acciones contra el Presidente, puede generar nuevas tensiones entre el Ejecutivo y las Altas Cortes.

El decreto señala que “las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional, así como las actuaciones del presidente de la República, incluyendo las relacionadas con seguridad nacional, y las actuaciones administrativas, políticas, programas y/o estrategias del Gobierno Nacional relacionadas con la erradicación de cultivos ilícitos, serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categoría”.

Ante el decreto indica entonces que el Presidente puede ser controlado en sede de tutela con los mismos criterios de distribución aplicables a otras autoridades con el objetivo de reforzar la imparcialidad estructural del sistema judicial, facilitando el acceso ciudadano a mecanismos judiciales.