Acuerdo de confidencialidad del Gobierno Petro por contrato de pasaportes desata nueva polémica

Un nuevo capítulo se abre en medio de las controversias por el contrato de los pasaportes en Colombia. La denuncia de varios miembros de la junta directiva de la Imprenta Nacional expone un hecho que ha encendido las alarmas, la imposición de un acuerdo de confidencialidad como condición para acceder a la información sobre el proceso contractual.

El documento, enviado antes de una reunión clave, fue presentado por la gerencia y el departamento jurídico de la entidad como requisito previo para discutir asuntos relacionados con el contrato que se prepara con el Gobierno de Portugal, tras el fin del vínculo con la empresa Thomas Greg & Sons, vigente hasta el 1 de septiembre.

El encuentro estaba programado para el pasado lunes. Sin embargo, fue cancelado abruptamente luego de que varios integrantes de la junta se negaran a firmar el acuerdo. La solicitud fue calificada como una presión indebida, ya que la información era esencial para preparar la discusión, especialmente sobre el documento denominado “Acuerdo internacional” y las vigencias futuras del proyecto.

“Solicitamos la información para revisar el proceso y nos enviaron un documento de confidencialidad. No hemos recibido nada y no vamos a firmar algo así sin claridad”, señalaron algunos directivos, según información revelada por Semana.

Lo inusual del caso no se limita al contenido del acuerdo, sino también a la forma en que fue gestionada la convocatoria. La reunión no fue citada por el viceministro del Interior, Jaime Berdugo, quien preside la junta directiva, sino por la secretaría técnica, en cabeza de la subgerente administrativa y financiera de la Imprenta Nacional.

A pesar de no haber emitido la citación, Berdugo pidió que se entregaran los documentos a los miembros de la junta. Sin embargo, horas después, el director jurídico quien no hace parte del órgano directivo envió un mensaje indicando que solo se entregaría la información a quienes firmaran el acuerdo.

El contenido del documento, revelado por los denunciantes y conocido por Semana, ha generado preocupación por sus cláusulas. Allí se establece que los miembros de la junta estarían sujetos a auditorías no anunciadas de sus dispositivos electrónicos, a realizarse por personal designado por la gerencia.

Asimismo, el texto indica que se deberá solicitar autorización previa para discutir cualquier tema abordado en la junta, y que, en caso de incumplir el acuerdo, se contará con 24 horas para confesarlo ante la gerencia. Las posibles sanciones no están claramente estipuladas, pero se señala que serán decididas a discreción de la gerente general.

“Nos quieren revisar los computadores, sacarnos de la junta sin garantías y obligarnos a callar cualquier irregularidad sin su permiso. Es una mordaza disfrazada de legalidad”, afirmaron desde el interior del órgano directivo.

El Gobierno ha impulsado la idea de que sea la Imprenta Nacional la encargada de la expedición de pasaportes, una tarea de alta complejidad técnica que no estaría en condiciones de asumir actualmente.

Hasta el momento, no hay claridad sobre el supuesto acuerdo con Portugal, mientras las fechas anunciadas por altos funcionarios como Alfredo Saade no se han concretado, y la incertidumbre sobre la transición crece.

Contactado por Semana, el viceministro Berdugo afirmó no tener conocimiento del acuerdo y aclaró que cualquier asunto relacionado con la Imprenta debe ser manejado por el jefe de despacho del Gobierno, Alfredo Saade, quien no respondió a los llamados de esta publicación.