Reforma pensional sigue sin entrar en vigor: Corte Constitucional no puede revisar la ley; esto es lo que se sabe

La reforma pensional, sancionada como ley por el presidente, Gustavo Petro, en julio de 2024, aún no está en firme ni en manos de la Corte Constitucional para su revisión.

Esto porque la Cámara de Representantes no ha enviado el informe que certifique cómo se subsanaron los errores en el trámite legislativo, pese a que ya pasaron más de quince días desde que se celebró la votación que pretendía corregir los vicios advertidos por la alta corte.

Aunque la reforma ya fue sancionada como la Ley 2381 de 2024, el expediente no puede avanzar en la Corte Constitucional.

Pronunciamiento de Ibáñez

El presidente de esa corporación, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, explicó en un comunicado que “hasta ahora no se ha podido terminar de firmar el Auto 841 del 17 de junio”, en el que se ordenó a la Cámara de Representantes subsanar las fallas de trámite.

Añadió que el documento aún está en proceso de recolección de firmas y será llevado a la Sala Plena del próximo 23 de julio.

Esto debía ser notificado para que el Congreso ejecutara las correcciones. Sin embargo, la Cámara anticipó el procedimiento y celebró sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno, en las que aprobó nuevamente el texto legal.

No obstante, no ha enviado a la Corte Constitucional el informe oficial sobre esas deliberaciones, lo que mantiene paralizado el control de constitucionalidad.

“El proceso está suspendido hasta tanto se firme el Auto 841 y ulteriormente se analice y se revise el informe que la Cámara de Representantes aún no ha remitido”, concluyó el magistrado Ibáñez en su calidad de ponente del caso.

Desde Pasto, durante un evento sobre transición energética el pasado 11 de julio, el presidente Petro denunció públicamente que existen “maniobras” para retrasar el análisis del proyecto por parte de la Corte,

Además, sugirió que el objetivo sería permitir que se posesione un nuevo magistrado que pueda influir en la discusión del caso.

“Quieren que se quemen unos días para que el magistrado último que se eligió se posesione intentando inhabilitarlo”, dijo el mandatario. Agregó que, aunque ya se cumplieron los requisitos de subsanación, la aplicación de la ley sigue bloqueada.

“¿Por qué otra vez intentar detener la aplicación de la reforma pensional en favor de dos banqueros, que además quieren que se haga la reforma o que si no se van a quebrar?”, cuestionó.

Petro también insistió en que la reforma beneficia a millones de trabajadores sin capacidad de ahorro individual, y que existe una voluntad política clara detrás del proyecto.

“Llegamos a un acuerdo con ellos (fondos privados de pensiones)... Nosotros fortalecemos concomitantemente al público. El ciudadano se aventaja de ambos”, afirmó.

Avances en la reforma

El presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, explicó este lunes que su oficina aún trabaja en la elaboración del informe que debe enviarse a la Corte Constitucional.

“Por acá en la oficina desde temprano haciendo el informe para la Honorable Corte Constitucional sobre la ley 2381 de 2024”, escribió el congresista, quien espera entregarlo “antes de terminar la semana”.

Mientras tanto, voces en el Congreso cuestionan el apuro con el que se adelantaron las sesiones extraordinarias. La segunda vicepresidenta de la Cámara, Lina María Garrido, representante de la oposición, señaló que el Ejecutivo y sus aliados “viciaron nuevamente la reforma pensional” al haber actuado antes de que el Auto 841 estuviera notificado oficialmente.

“¿Cuál era el jodido afán? ¿Una foto abrazados con Armando Benedetti?”, preguntó la congresista, quien además anunció que demandará el decreto presidencial que convocó a las sesiones extraordinarias por considerarlo ilegal. Según dijo, se violaron los tiempos señalados por la Corte y se incurrió nuevamente en vicios de trámite.

A la espera de que el Auto 841 quede completo, al menos tres magistrados de la Corte Constitucional se han abstenido de firmarlo.

Se trata de Vladimir Fernández, Natalia Ángel Cabo y Miguel Efraín Polo, quienes consideran que el documento no recoge con precisión todas las decisiones adoptadas por la Sala Plena el 17 de junio.

Sin esas firmas, la Corte no puede expedir el auto ni notificar formalmente a la Cámara. Y sin el informe de subsanación del Congreso, tampoco puede iniciar el análisis de constitucionalidad de la ley. En ese cruce de tiempos y responsabilidades, el proyecto permanece estancado.

Mientras tanto, la incertidumbre jurídica sobre la aplicación de la reforma pensional persiste. La Corte Constitucional solo podrá reactivar el estudio del expediente cuando cuente con el informe oficial de la Cámara y cuando la Sala Plena valide, con todas las firmas requeridas, el Auto 841.

Todo ello podría extenderse más allá del 23 de julio, fecha en la que se espera discutir el tema en sesión ordinaria del alto tribunal.

Hasta entonces, la reforma pensional permanece como ley sancionada, pero no vigente, en espera de una validación que solo llegará si se cumple el procedimiento completo.

En medio del debate jurídico, político y técnico, el Gobierno insiste en que hay una intención de frenar la entrada en vigor de la norma, mientras que desde el Congreso y la Corte se recuerda que los tiempos procesales deben respetarse para evitar nuevos vicios que vuelvan a comprometer la legalidad del trámite legislativo.