Exministro de Justicia Wilson Ruiz demandó decreto que tumbó prohibición de la dosis mínima de droga

El exministro de Justicia, Wilson Ruiz, demandó ante el Consejo de Estado el decreto con el que el Gobierno del presidente Gustavo Petro tumbó la prohibición de la tenencia de drogas en espacio público. La demanda se realizó en contra del presidente Petro, el Ministro del Interior, el Ministro de Defensa y el Ministro de Justicia.

En el documento conocido por SEMANA, el exministro planteó que se declare nulo el Decreto 2114 del 07 de diciembre de 2023, el cual anuló el Decreto 1844 de 2018, con el que el expresidente Iván Duque prohibió la tenencia o consumo de estupefacientes en espacios públicos.

El exministro pidió al Consejo de Estado dejar sin efectos el decreto demandado, pero también solicitó medidas cautelares. “Se reitera la necesidad y urgencia de adoptar una medida suspensiva del Decreto acusado con miras a efectivizar las posibles consecuencias del juicio de legalidad, dado que, pasado el tiempo previsto en la duración del trámite ordinario de nulidad, muy seguramente se agraven o sean ya daños consumados e irreparables en la vida, salud, integridad y recreación de los niños, niñas y adolescentes del territorio colombiano”, se lee en el documento.

Según el jurista, la decisión del Presidente de tumbar la prohibición de la tenencia de drogas en espacios públicos privilegia “el ‘derecho’ de los consumidores de drogas psicoactivas, limitando el ámbito de acción de las autoridades de Policía, quienes en virtud del artículo segundo constitucional, están instituidas para proteger a todos y cada uno de los ciudadanos bajo criterios de igualdad”.

El exministro advirtió que no es constitucional colocar en riesgo los derechos de otras poblaciones por favorecer a los consumidores de droga. “No resulta válido constitucional y legalmente colocar en riesgo elementos de nuestra sociedad tales como el férreo compromiso de proteger los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, cuyos espacios destinados para su recreación puedan verse permeados por parte de otros ciudadanos que, valiéndose de su libre desarrollo de la personalidad y garantía de dosis mínima, consuman sustancias psicoactivas atentando contra sus bienes jurídicos más sagrados como su integridad, su salud, recreación, entre otros”.

Polémica por decreto

Gran polémica en el ámbito nacional ha generado la expedición del Decreto 2114 del 2023, que deroga el 1844 de 2018 del Código de Policía, que prohibía poseer, tener, entregar, distribuir o comercializar drogas. El Partido Conservador, por ejemplo, anunció que presentará un proyecto de ley para restituir el decreto derogado por el Gobierno que elimina multas a quienes porten droga para uso personal.

“Inaceptable que el Gobierno Nacional derogue el decreto que facultaba a la Policía para decomisar estupefacientes y multar a los portadores de droga en el espacio público. Con esta decisión, el microtráfico queda con patente de corso para actuar con plena libertad, lo cual disparará el consumo poniendo en grave peligro a jóvenes y niños”, afirmaron.

La anterior es una posición similar a la que asumieron miembros del Centro Democrático. En específico, el congresista Hernán Cadavid anunció que buscaría tumbar lo que denominó una “torpeza”.

Otros, sin embargo, han defendido al Gobierno. Por ejemplo la representante Catherine Juvinao, quien señaló: “El Decreto 1844 de 2018 de Duque iba en contra de la jurisprudencia y de la Constitución, en este caso es el gobierno Petro el que hace lo correcto. Quienes abogan por las libertades deberían apoyar esta medida y el avanzar hacia un énfasis de salud pública. No más doble moral”.

Inmediatamente el presidente, Gustavo Petro, respondió: “Si es inconstitucional el decreto que pone sanciones administrativas a una libertad otorgada por la Constitución, también es inconstitucional una ley que diga lo mismo que el decreto”. ”Entiendan el consumo de drogas no se trata con calabozo ni con multas policivas. El consumo adictivo de drogas se trata con métodos de salud pública”, insistió.

Este, precisamente es el abordaje que plantea el Gobierno con su nueva política de drogas, que en lugar de criminalizar al consumidor entiende el problema como parte de una falla en el sistema.

En meses anteriores el ministro Osuna manifestó que esta nueva política por un lado pretende asfixiar a las organizaciones criminales. “Es una política que va a enfocar el esfuerzo penal de persecución del Estado a los eslabones fuertes del negocio del narcotráfico”, detalló el líder de la cartera de Justicia.