Preservar la democracia

Caída la consulta popular en el Congreso de la República y con una nueva oportunidad para la reforma laboral, este es el momento de hacer una defensa férrea de la democracia, del acatamiento a la separación de los poderes públicos y del respeto por la institucionalidad. Mal le hace a Colombia insistir en los llamados a la división o exacerbar aún más el discurso polarizador que incita al odio y se convierte en amenaza permanente para el Estado de Derecho.

En el ejercicio legítimo que le otorga la Constitución al Poder Legislativo, la iniciativa de consulta popular presentada por el gobierno de Gustavo Petro fue derrotada en la plenaria del Senado de la República el pasado miércoles 14 de mayo. La decisión mayoritaria estuvo precedida por la resurrección del proyecto de reforma laboral, cuyo hundimiento motivo la pretensión de convocatoria del Ejecutivo, con lo cual se posibilita una nueva discusión sobre los cambios pero también sobre las concertaciones que requiere el sistema.

Las reacciones del Presidente de la República y de algunos de sus más cercanos colaboradores como el Ministro del Interior, coléricas unas e incendiarias otras, demostraron que el pulso va más allá de medir fuerzas con el Congreso. Queda la certeza, por demás persistente, de que la convocatoria ciudadana está siendo utilizada como un instrumento de coacción política y social, de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

Con los llamados a un paro nacional, a “dar el paso siguiente”, más la incitación velada a asaltar el Congreso en nombre de los derechos del constituyente primario, mientras se maniata a la Fuerza Pública en su obligación de preservar el orden y garantizar la seguridad, se lleva a Colombia al filo de la estabilidad. Hay que preguntar si ese es el real objetivo de un gobierno que en tres años ha avanzado muy poco en sus propósitos, no por culpa de las bancadas que se le oponen en el Legislativo o por las decisiones del Poder Judicial, sino por su propia incapacidad.

Es momento para que la Nación esté vigilante frente a las amenazas que se ciernen sobre su democracia. Sin duda se deben respetar convocatorias como las que desde la Casa de Nariño se hacen a los cabildos populares así como los derechos constitucionales a la protesta, a las movilizaciones ciudadanas o a la libertad de expresión. Pero todo aquello que busque romper el Estado de Derecho, manipular la división y autonomía de los poderes públicos, impedir o manosear el libre desarrollo de las elecciones del próximo año, tiene que ser rechazado sin titubeos por los colombianos.

El Congreso de la República debe ahora cumplir con su deber de reabrir, con seriedad y responsabilidad, el debate de la reforma laboral, pensando en la fuerza de trabajo del país pero también en su aparato productivo, que jalonan entre todos el desarrollo económico y el progreso social de la Nación.

Al Gobierno y al presidente Gustavo Petro les corresponde aceptar sus reveses, acatar las decisiones emanadas de los otros poderes del Estado, mantener el equilibrio y preservar, por encima de cualquier consideración, el orden constitucional y la democracia. Colombia requiere serenidad hoy como nunca.