La renuncia de MinJusticia

“Mis actuaciones no dependen de influencias ni amenazas, persuasiones ni interferencias o intereses políticos”. Así de contundente fue la saliente ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, al exponer las razones de su renuncia al cargo que ocupaba desde julio de 2024, en medio de señalamientos a otros altos funcionarios del Gobierno Petro.

Se trata de un nuevo caso en el que una persona que era reconocida por la seriedad con la que venía manejando una cartera, opta por apartase del actual Ejecutivo al sentir que sus decisiones no estaban siendo respetadas ni valoradas por el Jefe de Estado ni por sus inmediatos colaboradores, como, según la ya exministra, ocurrió en esta oportunidad con el titular de la cartera política, Armando Benedetti, y la actual directora del Dapre, Angie Rodríguez.

Ocurrió en el 2023 con José Antonio Ocampo, quien estaba al frente de Hacienda; con Alejandro Gaviria, entonces ministro de Educación, y con Cecilia López, quien manejaba la cartera de Agricultura. Y sucedió en febrero pasado con Susana Muhamad, ministra de Ambiente, y con Gloria Inés Ramírez, titular de Trabajo, quienes, más allá de su posiciones ideológicas, quisieron apostarle a la propuesta progresista de mejorar las condiciones de vida de los colombianos.

Sin embargo, todos han preferido renunciar antes de cohonestar situaciones relacionadas con corrupción, discriminación, adopción de políticas públicas erradas o, como en el caso de Buitrago, irrespeto e injerencia indebida en las decisiones tomadas por la titular del cargo.

Por supuesto los funcionarios señalados por la saliente Ministra de Justicia tienen el derecho a interponer los recursos legales que consideren pertinentes si, como han dicho, no son ciertas las acusaciones que les está haciendo, y claro que ella está en la obligación de entregarles a las autoridades las pruebas de las supuestas presiones que recibió para que nombrara a personas no idóneas en cargos de esa cartera.

Pero es lamentable que se afecten tareas importantes que tiene pendientes ese Ministerio, tales como la reforma a la Justicia, en la que ya había trabajado su antecesor, y que acaba de ser aprobada por la Comisión Primera de la Cámara y necesita buen respaldo para ser llevada a la plenaria de esa corporación. Así mismo el mejoramiento de las políticas carcelarias, incluida una reestructuración del Inpec, cuestionado por la criminalidad que se sigue registrando desde las cárceles del país.

Y lo peor es que, si como lo ha denunciado Ángela María Buitrago, el objetivo tras su salida es nombrar en los cargos clave del Ministerio de Justicia a personas recomendadas por los jefes de la Casa de Nariño que no tienen el conocimiento suficiente para direccionar las políticas de la justicia en Colombia, no se puede esperar que las decisiones que se tomen en ese ámbito vayan en beneficio de la población en general.

No puede ser que cuestiones tan urgentes como fortalecer el uso del principio de oportunidad como herramienta para enfrentar las estructuras criminales complejas que operan en el país, queden en manos inexpertas, producto de la politiquería y el clientelismo.