Vivir con miedo

Resulta desconcertante que un funcionario en Colombia se vea en la obligación de salir a trabajar todos los días con la preocupación de que quizá jamás volverá para abrazar a sus hijos y a su familia. Salir con el temor latente de que cada día puede ser el último.

A esa realidad se enfrentan a diario cientos de guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, en Colombia, y especialmente en el Valle del Cauca, tras las amenazas proferidas por organizaciones delincuenciales que ordenaron contra ellos un ‘plan pistola’, en el afán de imponer su ley dentro de los establecimientos carcelarios.

Así lo hizo saber mediante panfletos la banda denominada Mago (Muerte a guardianes opresores), filial de la organización criminal La Inmaculada, de Tuluá, que ha puesto una diana en el pecho de los guardianes ante sus diferencias con el Gobierno Nacional.

Si alguien sabe en el país de la capacidad de daño que tienen estas bandas criminales, y que no son infundadas sus amenazas, son justamente los funcionarios del Inpec, quienes han visto morir asesinados a decenas de sus compañeros en los últimos años.

Basta ver que el mismo día en que fue emitido el último panfleto contra ellos, el pasado 6 de junio, dos civiles y cuatro guardianes de esa entidad resultaron heridos por la activación de un artefacto explosivo en la entrada de la cárcel Villahermosa de Cali.

Menos de 24 horas después, hombres armados dispararon contra las instalaciones de la cárcel de Buga, donde no hubo personas heridas, mientras en la cárcel de Tuluá era desactivado un artefacto explosivo.

Guardar silencio frente a lo que ocurre a los guardianes del Inpec, como lo ha hecho la Dirección Nacional, no es la forma más efectiva de garantizar la seguridad y la vida del personal que labora en el sistema carcelario.

Más insólito aún, es que, en medio de un anunciado ‘plan pistola’ por parte de las organizaciones armadas ilegales contra los guardianes de esa institución, la Dirección General del Inpec no haya trazado una estrategia para salvaguardar la integridad de sus funcionarios.

La protección de los guardianes del Inpec no puede quedar rezagada a un simple documento en el que les recomiendan a los encargados de la seguridad en las penitenciarias del país que se encierren, que no salgan con sus familias y que anden con el uniforme oculto en sus maletines.

Tan inhumana como las amenazas de los grupos delincuenciales es la indiferencia de sus superiores, y del mismo Gobierno Nacional, ante la realidad que están padeciendo los guardianes y sus familias, que temen que la vida de sus seres queridos no valga más que un mensaje de presión al Gobierno.

Es una obligación del Estado garantizar la seguridad e integridad de sus ciudadanos y eso incluye a quienes trabajan en la primera línea del sistema penitenciario que, ante las amenazas, tienen también comprometida la legitimidad del sistema.