Fiscalía debe acelerar procesos por caso Ungrd

Sandra Ortiz, exconsejera presidencial investigada por el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, quedó en libertad por vencimiento de términos. Esta noticia, conocida el pasado lunes 11 de mayo, pasó algo inadvertida por la opinión pública, sumida especialmente en los ires y venires de la campaña por la Casa de Nariño.

Sin embargo, tratándose del mayor escándalo de corrupción detectado en lo que va del Gobierno Petro, las razones por las que se tomó esa decisión deberían despertar las alertas con respecto al lánguido desenlace que podría tener una investigación que, hay que recordarlo, no fue iniciada por los organismos de control o por el sistema judicial colombiano sino por los medios de comunicación.

Por eso, es necesario que estos últimos tomen de nuevo la iniciativa para exigirle a la Fiscalía General de la Nación que expliqué porque ya van dos exfuncionarios de alto rango implicados en este multimillonario desfalco de los recursos asignados a la atención y prevención de las emergencias ocurridas en el país que han sido excarcelados no porque hayan sido declarados inocentes de los cargos que les fueron imputados, sino porque la justicia no ha actuado con la celeridad que el caso amerita.

En efecto, a comienzos de abril el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla regresó a su casa porque, pese a que ya habían transcurrido 120 días desde que fue vinculado formalmente al proceso de la Ungrd, el ente acusador no había radicado el escrito de acusación en su contra, cuando la ley establece un plazo máximo de 60 días para ese trámite. Y la historia se repitió esta semana con Sandra Ortiz.

Y sí, es cierto que la recuperación de la libertad no implica que las investigaciones contra estos exfuncionarios hayan caducado, puesto que seguirán vinculados. Pero no tiene ningún sentido que a personas acusadas de delitos como concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en celebración de contratos se les dé el beneficio de que puedan movilizarse sin obstáculo alguno, cuando hay antecedentes como el del exdirector del Dapre y de la Agencia Nacional de Inteligencia Carlos Ramón González, que ha sido acusado de ser el cerebro de este entramado de corrupción y hoy sigue prófugo de la justicia.

¿Será que al país ya se le pasó la indignación que generaron sucesos como la confesión del entonces jefe de la Ungrd, Olmedo López, quien reconoció que al menos $ 380 millones fueron desviados para supuestamente pagar coimas destinadas a lograr los votos necesarios en el Congreso para aprobar proyectos de ley propuestos por el Gobierno Nacional?

Peor aún, el propio ente investigador ha fijado en $ 1,4 billones la cifra de los fondos transferidos por el Ministerio de Hacienda a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres entre mediados del 2023 y el 2024 y ha vinculado a otros altos funcionarios como el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, quien sigue preso, al igual que los entonces presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente, lo que demuestra los alcances que logró el mega desfalco.

Es por todo lo anterior que la Fiscalía General de la Nación debe explicarles a los colombianos porque ha preferido enfrascarse en discusiones leguleyas sobre los tiempos de los procesos judiciales, en lugar de adelantar con total celeridad las investigaciones que determinen todos y cada uno de los responsables del caso de la Ungrd, a fin de que paguen las condenas que merecen y se puedan recuperar los dineros se le robaron a la Nación.