Lyan debe quedar libre

Las autoridades deben arreciar sus operativos contra la disidencia Jaime Martínez de las Farc. Este grupo, que según información de inteligencia no supera los 1200 hombres, ha sido el responsable de cometer numerosos actos terroristas en el norte del Cauca, Cali y Jamundí, pero el secuestro de un niño de 11 años el pasado 3 de mayo en Potrerito, superó todos los límites de barbarie.

El pequeño Lyan José fue sacado a la fuerza de su casa, sin camisa y sin calzado, por hombres fuertemente armados, que según las autoridades, pertenecerían o fueron contratados por la disidencia Jaime Martínez. Ya han pasado once días y no se conoce cuál es su paradero y mucho menos hay noticias sobre su estado de salud.

Esta disidencia nació en el 2016 después de la firma del Acuerdo de Paz en La Habana, entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Farc – EP. Mientras gran parte de la insurgencia optó por la desmovilización, un sector radicalizado del Frente 6 y las columnas móviles Miller Perdomo y Jacobo Arenas, en el norte del Cauca, rechazó el desarme.

La Jaime Martínez, llamada así en homenaje a un comandante muerto en combate en el 2000, ha apostado por conservar el control de los cultivos ilícitos de coca, las rutas de movilidad hacia el Pacífico y la extorsión a la población rural. Precisamente, el secuestro de Lyan podría estar relacionado con este último delito, pues es una de sus grandes fuentes de financiación.

 Esta disidencia ejerce control total en diferentes zonas rurales del Cauca, a donde no llega el Estado y donde periodistas de este medio han podido constatar que tienen el poder hasta para reunir a los habitantes de pequeños corregimientos para que escuchen sus discursos en el coliseo principal. Allá se mueven vestidos de civil, con botas pantaneras, armados y en carros de alta gama. Los tiempos en los que la guerrilla se encontraba en la selva y vestidos únicamente con prendas camufladas son cosa del pasado.

 Es urgente que las Fuerzas Militares, en coordinación con la Policía y los organismos de inteligencia, refuercen su presencia y operativos en las zonas donde esta disidencia tiene mayor poder de influencia. La intervención del Estado debe ser quirúrgica, con inteligencia precisa, pero también decidida y constante. El país no puede permitirse zonas vedadas al control institucional ni comunidades sometidas a la ley de las armas e intimidación.

La sociedad civil, y mucho menos los niños como Lyan, no puede seguir pagando el precio de la indecisión o de estrategias que, con el argumento de la ‘Paz total’, terminan facilitando el rearme y la expansión de disidencias que solo entienden el lenguaje de las armas.

El Estado tiene la legitimidad, los recursos y el deber de proteger a sus ciudadanos y, para lograrlo, debe demostrar que su fuerza es mayor que la de cualquier grupo ilegal. Eso sí, primero que todo, Lyan debe quedar en libertad y regresar a su casa.