¡Libertad, ya!

Eivar Alonso Guerrero Anaya, Sergio Andrés López Gómez, Angélica María Barona, Leidy Rocío Güengue, Paola Andrea Maca Chávez, Mónica Alexandra Bambague, Manuela Caicedo Arango, Elizabeth Yangana y María Elizabeth López.

Tal vez estos nombres no le digan mucho a la mayoría de colombianos. Pero es deber de las autoridades regionales y nacionales, así como de los organismos humanitarios y también de los medios de comunicación, denunciar que, desde hace siete días, detrás de ellos hay nueve vidas, nueve historias y nueve familias sumidas en el dolor y la incertidumbre.

El pasado jueves, cuando cumplían labores como funcionarios de la Gobernación del Cauca que son, fueron secuestrados en el municipio de López de Micay por las disidencias de las Farc, lideradas por alias Iván Mordisco, según confirmó en un comunicado ese grupo armado ilegal.

Un hecho claramente violatorio del Derecho Internacional Humanitario que interrumpe el sublime derecho a la libre locomoción que asiste a toda persona, además de que pone en riesgo la vida de quienes simplemente se encontraban cumpliendo con su trabajo en esa zona rural del vecino departamento, desprovistos de cualquier armamento.

Hicieron bien entonces las fuerzas vivas del Cauca que el pasado viernes organización una velatón para rechazar el secuestro de sus coterráneos, así como las cientos de personas que ayer caminaron por las calles de Popayán para exigirles a los captores que los devuelvan vivos, libres y en paz, como antaño se ha escuchado decir con motivo de muchas retenciones ilegales que han tenido lugar en el país.

Con rabia en el corazón, hay que decir que el delito del secuestro se ha ensañado contra Colombia desde hace décadas y, luego de un breve estancamiento, parece estar volviendo a sumir en la zozobra a muchos hogares de distintos puntos de la geografía nacional.

Así lo indican las estadísticas del reciente informe de Seguimiento a Indicadores de Seguridad y Resultados Operacionales, según el cual en los primeros seis meses de 2025 se denunciaron 121 casos de secuestros en el país, en los que resultaron afectadas 198 víctimas, cuando el año pasado lo reportado fueron 108 casos, con 129 involucrados.

Resta saber, por lo tanto, qué tienen que decir la Fuerza Pública, encabezada por el Ministerio de Defensa, ante un incremento del 53 % en la comisión de este delito de muy alto impacto, pues, como ya se dijo, además de poner en peligro a la persona plagiada, paraliza la vida de sus seres queridos.

Según versiones, en el caso de los empleados de la Gobernación del Cauca no se trataría de un secuestro extorsivo, sino que sus captores del Bloque Occidental de las disidencias los estarían acusando de entregar equipos de comunicación para favorecer al Ejército, pero nada justifica la retención por la fuerza de nadie.

Y bajo ese presupuesto, no solo el Cauca, sino el Suroccidente y Colombia entera deben unirse en una sola voz para exigirle a ese grupo armado que libere a los nueve funcionarios de manera inmediata y sin ninguna condición, así como a todas las demás personas que permanecen secuestradas en el país.