No más excusas

El silencio del Gobierno Nacional frente a la cifra de masacres cometidas en el Valle del Cauca durante el mandato del presidente Gustavo Petro en nada contribuye a la implementación de la estrategia de seguridad que con urgencia reclaman las comunidades y el Gobierno seccional.

La excusa no puede seguir siendo que el departamento está ubicado en un sitio estratégico y privilegiado de la geografía nacional para justificar con ello todo accionar violento o el hecho que la región encabece el deshonroso ranking de la mayor cifra de asesinatos colectivos en este año.

El informe publicado en la edición de El País del pasado domingo es desesperanzador. Son 38 masacres las que se han cometido en el Valle del Cauca desde el inicio del mandato de Petro hasta la fecha, en las que han muerto de manera violenta 123 personas en 19 municipios.

Por eso el desespero de la Gobernadora, quien insistentemente llama al Gobierno Nacional a fortalecer la Fuerza Pública y a implementar una estrategia de seguridad para proteger a los vallecaucanos. Llamados que por demás han caído en oídos sordos.

Tampoco han encontrado eco en el Alto Gobierno las alertas tempranas que ha emitido la Defensoría del Pueblo advirtiendo el riesgo que representan para las comunidades el fortalecimiento de los grupos armados ilegales y algunas bandas del crimen organizado.

Por el contrario, es cada vez más evidente la manera como el Estado resigna lo que en otrora fuera el monopolio de la fuerza y el control territorial a pequeñas hegemonías ganadas a sangre y fuego en disputas entre grupos y estructuras organizadas del crimen.

No tiene presentación alguna que funcionarios del Gobierno Nacional recen de memoria que el Clan del Golfo controla el cañón de Garrapatas y se disputa con el ELN el dominio en el Bajo Calima. O que las disidencias de las Farc ejercen autoridad en la zona alta de Jamundí o en municipios como Pradera y Florida.

Peor aún, ver hoy fortalecidas bandas como los Shottas y los Espartanos en Buenaventura, a La Inmaculada sembrando el terror en Tuluá y el centro del Valle, o Los Flacos y Nueva Generación intimidando en el norte del departamento y al servicio de grupos armados y del narcotráfico.

Parte de esas 123 personas masacradas eran líderes, indígenas y campesinos asesinados por estructuras criminales con el macabro fin de demostrarle al Gobierno Nacional que tienen el poder para sentarse como negociadores en el marco de la llamada Política de Paz Total.

El Valle del Cauca ha sufrido, como ninguna otra región del país, los embates de esa fallida estrategia, que a la fecha no beneficia a nadie, incluido el mismo Gobierno. Excepto, claro está, las bandas criminales que el 7 de agosto del 2026, cuando termine la era Petro, estarán en su nivel más alto de fortalecimiento.

Sin más excusas, el departamento demanda seguridad y presencia institucional. Porque está sobrediagnosticado que no es legitimando la violencia como se consolida la paz; ni ignorando a regiones como el Valle del Cauca que algún día cesará el conflicto en el país.