La trama de los pasaportes

La tozudez del Presidente de la República pone de nuevo a la Nación en una encrucijada y al borde de una crisis. Esta vez es la posibilidad, más certera cada día que pasa, de quedarse sin libretas de pasaportes para atender la demanda de los ciudadanos y cumplir con la obligación que el Estado tiene de entregar esa identificación internacional a los colombianos que la requieran.

En ese periplo, que lleva cerca de dos años, ya hay un canciller destituido e inhabilitado -Álvaro Leyva, quien además ahora hace parte de una supuesta trama para derrocar al primer mandatario-, otros dos ministros de Relaciones Internacionales investigados por los órganos de control –Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia-, así como funcionarios que trataron de cumplir con sus labores y fueron sacados porque no le hicieron caso al Presidente.

Todo ello por la obsesión de Gustavo Petro de quitarle el contrato a la empresa Thomas Greg & Sons, que durante 17 años ha realizado esa labor, se ha ganado las licitaciones según los términos de ley, y ha cumplido con fidelidad el trabajo encomendado.

En este periplo no solo se han violado los debidos procesos y se ha metido a la Cancillería en líos jurídicos, administrativos y fiscales, sin que al Jefe del Ejecutivo parezcan importarle las consecuencias. La renuncia de Sarabia, la más fiel escudera del primer mandatario, a quien desoyó, desautorizó y llevó al límite al poner por encima suyo al cuestionado jefe de Despacho, Alfredo Saade, para que tomara las decisiones sobre los pasaportes, dejó en evidencia la gravedad de lo que sucede.

A escasas semanas de concluir la prórroga del contrato con Greg & Sons, el próximo 31 de agosto, las inconsistencias sobre lo que va a suceder, vienen y van. La Imprenta Nacional no está lista para asumir la responsabilidad de la impresión, personalización y distribución de las libretas, como se contempla en el modelo propuesto por el Gobierno.

Y no solo no se ha firmado el acuerdo con la Casa de la Moneda de Portugal, entidad que acompañaría el proceso, sino que hay acusaciones mutuas de entorpecimiento del proceso. Peor aún es que una vez se complete el trámite entre los dos países, si es que se logra, se necesitarían al menos 35 semanas para iniciar la expedición de los pasaportes.

De no acogerse a un plan de choque, que no pareciera ser otro que darle continuidad a la contratación con Thomas Greg & Sons, a los colombianos que lo pidan se les negará en el corto plazo el derecho a tener su pasaporte, la única identificación aceptada internacionalmente. Todo ello por la obstinación, que parece más un capricho infantil del presidente Gustavo Petro, de sacar del mercado a la multinacional.

Difícil tarea la que le corresponde asumir a la nueva canciller encargada, Rosa Villavicencio, quien deberá decidir si le hace caso a rajatabla a su jefe, el Presidente de la República, así sepa el perjuicio que sus órdenes pueden causarle al país, o si permitirá que el señor Saade pase por encima de su potestad, en detrimento de la responsabilidad que tiene con los colombianos.

Para infortunio de la Nación, pareciera que a esta trama de los pasaportes aún le falta mucha historia por escribir. Será tarea de los ciudadanos exigir soluciones, y deber de los organismos de control e incluso de la Justicia, establecer responsabilidades.