El imperio del miedo

La disputa que sostienen las organizaciones al margen de la ley en distintas regiones del país por el control de corredores estratégicos para el narcotráfico y la explotación de todo tipo de economías ilícitas, representan un fracaso rotundo para el Gobierno Nacional.

Porque no es otra cosa que cederles la soberanía a los violentos, cuando se supone que el control territorial deben asumirlo los organismos de seguridad del Estado, encargados de garantizar el orden público y la convivencia pacífica en cada rincón de Colombia.

Es por eso frustrante y desesperanzador ver que son los llamados Grupos Armados Organizados (GAO) los que salen reclamando la victoria militar y ejerciendo control y autoridad absoluta en regiones estratégicas para el narcotráfico, donde se rifan a sangre y fuego.

Es justamente eso lo que ha ocurrido en el cañón de Garrapatas, como lo evidenció el diario El País en su edición del pasado domingo, donde el Clan del Golfo logró, tras violentos combates, expulsar de esta zona montañosa del norte del Valle a la guerrilla del Eln.

Una región que como muchas otras del país ha sido abandonada a su suerte por el Gobierno Nacional en medio de un atronador silencio, mientras las comunidades pagan las consecuencias con extorsiones, homicidios, amenazas y desplazamientos.

Vallecaucanos de municipios como El Dovio, Bolívar, Versalles, Roldanillo, Trujillo y Riofrío, entre otros, que viven bajo el imperio del miedo y con la preocupación de que sus hijos sean reclutados por estas organizaciones ilegales para expandir su capacidad armada.

De ahí la importancia y la insistencia de la Gobernadora del Valle del Cauca ante el Gobierno Nacional en la necesidad de contar con mayor pie de fuerza y una estrategia clara para hacer frente a estas organizaciones y recuperar el control del territorio, más allá de que esas peticiones estén cayendo en oídos sordos.

Han pasado cerca de tres años desde que Gustavo Petro asumió el Gobierno, y tras su pasmosa pasividad y trato benévolo con los grupos armados ilegales, ha llegado el momento de pasar de la retórica a la acción y asumir de una vez por todas el control del Estado en todos los rincones de Colombia, entendiendo que hoy la desmovilización y la dejación de las armas no es la prioridad de los grupos armados al servicio del narcotráfico.

Si algo han demostrado estos tres años de gobierno de Gustavo Petro es que ha sido un claro desacierto permitir que en la búsqueda de la llamada Paz Total estas organizaciones criminales se repartan como presas distintas regiones del país.

Ahora, si hay algo peor que dejar la paz de Colombia a merced de la voluntad, los tiempos y la decisión de los grupos ilegales, es insistir con absoluta terquedad en una política que no le deja ningún dividendo al país.

Por el contrario, el 7 de agosto del 2026, fecha en la que deberá dejar Gustavo Petro la Presidencia, se quedará Colombia con el sueño frustrado de la paz y con unos grupos armados ilegales y unas bandas delincuenciales con el poder y la capacidad de atormentar a los colombianos por muchos años más.