La salud sigue enferma

“Ustedes me dan este medicamento, me bajan la glucosa, pero en la casa no tengo medicamentos. ¿Qué va a pasar?”. La pregunta se la hizo Beatriz García, una usuaria de la Nueva EPS, al médico que la atendió después de ir a cuatro clínicas distintas de Cali tratando de que le bajaran el nivel de glucosa en la sangre, que estaba en 500 mg/dL, cuando lo normal en una persona en ayunas es de 100.

El de esta ama de casa de 55 años de edad, quien ha tenido diabetes durante más de la mitad de su vida, no es un caso aislado. Por el contrario, la de ella es una de las 11.917 quejas que solamente durante enero de este año recibió la Superintendencia Nacional de Salud de parte de pacientes del Valle del Cauca.

Pero más que una estadística, lo que hay detrás de su relato es el drama de tener que seguir lidiando con una enfermedad para la que se deben tomar varios medicamentos, sabiendo que el valor de una sola dosis de uno de ellos está por encima del medio millón de pesos.

Tiene todo el sentido entonces la preocupación de doña Beatriz, que es la misma de los 1,6 millones de colombianos que a lo largo del año pasado interpusieron algún reclamo ante la Superintendencia por la imposibilidad de acceder a una cita con un especialista o de recibir un fármaco esencial para su salud.

Es que no fue gratuito que en marzo pasado saltaran a los medios de comunicación nacionales las imágenes que mostraban a decenas y decenas de personas durmiendo en las afueras de varios dispensarios de Cali, con la esperanza de alcanzar al día siguiente una ficha para que les dijeran sí o no a su solicitud de medicamentos, como muestra de la agudización de una crisis sin precedentes en el país.

Pero lo más grave del asunto es que, tres meses después, la situación no ha cambiado mucho en esta ciudad ni en otras regiones de Colombia. Peor aún, es como si pacientes, EPS, IPS, autoridades de Salud y hasta organismos de control y veedores del sector se hubieran resignado a esperar que el sistema nacional de salud termine de agonizar.

Así lo indicaría un reciente informe de la Contraloría General según el cual, para diciembre de 2024, las 28 EPS activas en el país, 9 de ellas intervenidas por el Gobierno Nacional, acumulaban una deuda de $ 32,9 billones.

De ahí la urgencia de que el Ministerio de Salud por fin atienda con seriedad el llamado que le hizo la Corte Constitucional para que, en consenso con los actores del sector, redefina el valor de la Unidad de Pago por Capitación, UPC (el monto que el Estado le gira a las EPS por cada afiliado) correspondiente al 2024, porque ya está claro que ha resultado insuficiente.

O de que los organismos de control actúen ante el incumplimiento de una sentencia que fue promulgada desde enero pasado y que, según denuncias, ha sido burlada hasta ahora por la cartera de Salud, al no convocar o escuchar a todos los sectores del sistema.

Porque si hay algo que demuestra el reciente fallo de esa misma Corte, que frenó la intervención de la EPS Sanitas ordenada por el Gobierno Petro el año pasado, es que al Ministerio le está quedando grande la reorganización del sistema nacional de salud.