Editorial
Los enredos de Sánchez
El Partido Popular no ha dudado en exigir que se adelanten las elecciones en el país europeo y se ha sentido con el empoderamiento suficiente para decir públicamente que Sánchez es un político “destruido”...

12 de jul de 2025, 02:48 a. m.
Actualizado el 12 de jul de 2025, 02:48 a. m.
Corrupción. La misma palabra que hace siete años permitió que Pedro Sánchez llegara a ocupar la presidencia del Gobierno español, ahora lo tiene contra las cuerdas.
En efecto, en junio de 2018 el entonces jefe del Ejecutivo ibérico Mariano Rajoy sucumbió ante una moción de censura originada en un escándalo que afectó al Partido Popular.
Una situación muy parecida a la que desde hace varias semanas viene enfrentando Sánchez, debido a que dos de sus funcionarios más cercanos han sido señalados de presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos. Incluso, uno de ellos, Santos Cerdán, su número tres, fue enviado a prisión preventiva la semana pasada.
Por eso, quien durante dos legislaturas consecutivas ha logrado enfrentar diversas crisis políticas, económicas y sociales desde la Jefatura del Gobierno español, en esta oportunidad parece estar rozando el límite de la permanencia en el poder.
De hecho, la oposición, liderada por el Partido Popular, no ha dudado en exigir que se adelanten las elecciones en el país europeo y se ha sentido con el empoderamiento suficiente para decir públicamente que Sánchez es un político “destruido” y que el Partido Socialista Obrero Español, Psoe, es una “organización criminal”, lo que dice mucho de la deslegitimidad que ha alcanzado el Jefe de Gobierno.
Por eso será interesante ver qué efectos prácticos podrán tener, sobre todo a nivel político, las quince medidas anticorrupción que, a manera de salvavidas, acaba de anunciar Sánchez ante el Congreso de los Diputados, entre las que figuran la creación de una agencia de integridad pública independiente, el uso de la inteligencia artificial para detectar indicios de fraude en la plataforma de adjudicación de contratos públicos y controles aleatorios del patrimonio de altos funcionarios.
Porque puede que esas estrategias sirvan en la realidad para combatir la corrupción en las esferas oficiales del país ibérico, pero otra cosa es que logren mantener a salvo al Presidente del Gobierno de los escándalos suscitados por la detección de presuntas acciones ilegales por parte de altos funcionarios del Ejecutivo.
Una buena prueba de fuego para quien ha demostrado saber recurrir a todo tipo de tácticas para ‘hacerle el quite’ a las polémicas suscitadas a su alrededor, incluidas las investigaciones judiciales que se le siguen actualmente a su hermano y a la esposa de Sánchez por supuestos casos de tráfico de influencias y trato de favor.
Precisamente así fue leído su comportamiento durante la reciente cumbre de la Otan, cuando se opuso a la propuesta de incrementar el gasto en defensa de la Unión Europea hasta en un 5 % del PIB, lo que le generó tensiones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Por lo pronto, Sánchez ha asegurado que renunciar a su cargo no es una opción, pero la decisión final parecería estar en la extrema izquierda y en los nacionalistas vascos y catalanes que, ante las minorías socialistas, hasta ahora han apoyado al Jefe de Gobierno, pero que ya le advirtieron que las explicaciones recibidas hasta ahora insuficientes.