Buenaventura, una y otra vez

La mayoría de los males de Buenaventura tienen nombre propio: Shottas y Espartanos, las dos bandas delincuenciales que llevan años sembrando violencia, demarcando a fuego y sangre sus territorios, atemorizando a la población. De las extorsiones a los comerciantes ya se sabía, mientras era un secreto a voces la cartelización de los productos básicos de la canasta familiar. Pero como ha sucedido siempre en el puerto sobre el Pacífico, nadie enfrenta el problema.

La investigación adelantada por El País y publicada en su edición dominical, muestra la gravedad de la situación, así como los alcances de ese delito y los efectos que tiene sobre la mayoría de poblaciones del litoral Pacífico, desde el Chocó hasta Nariño.

En un acuerdo tácito, Shottas y Espartanos se han dividido a Buenaventura para controlar la comercialización de 35 productos de consumo. Tienen vigías en los muelles tanto como en las carreteras para saber qué entra y qué sale por tierra o por mar. Hay ‘vacunas’ establecidas para lo que ingresa a la ciudad, pero también para lo que sale por lancha hacia las poblaciones costeras.

Como lo denunciaron quienes se atrevieron a hablar, hay carteles del huevo, del pollo, del plátano, del chontaduro, solo para nombrar algunos productos, y nadie que no esté ‘autorizado’ o pague la extorsión puede venderlos. De ello se aprovechan las bandas delincuenciales, pero también algunos comerciantes a quienes no les interesa que les llegue competencia porque tienen cooptado el territorio.

Lo más grave es que todos saben qué pasa, incluidos ciudadanos, funcionarios y autoridades. Pero como suele pasar con la mayoría de los males que afectan a Buenaventura, el temor al igual que la cómoda indiferencia se convierten en los mejores aliados de las organizaciones criminales.

Nada, sin embargo, justifica que el Estado, obligado a proteger a los colombianos, cohoneste por acción o por omisión con el delito de la cartelización de la canasta básica familiar, que obliga a las poblaciones más pobres y vulnerables de Colombia a pagar más caro, hasta un 40 % o 50 %, por sus alimentos. Porque al final es a ellas a las que se les traslada el sobrecosto derivado de las extorsiones o de las vacunas que cobran los delincuentes.

Hoy es obligatorio preguntarle al Gobierno Nacional qué fue lo que se logró en casi tres años de sentarse en una mesa de diálogos con Shottas y Espartanos. El fracaso de esa apuesta del presidente Gustavo Petro es evidente, porque además de no llegar a los mínimos acuerdos verificables para avanzar hacia su llamada ‘paz total’, lo que sí se permitió fue el fortalecimiento y la expansión de esos grupos criminales que tienen vínculos con el narcotráfico, asesinan, extorsionan y se aprovechan de las necesidades de la gente.

No hay que cansarse de exigir que a Buenaventura se le rescate de las garras de la violencia, de la corrupción -que tiene mucho que ver también con la cartelización de los productos básicos de consumo-, de la pobreza, de la falta de oportunidades y de la indiferencia con la que se le mira desde afuera.