La discusión que no se dio

Las encuestas unieron lo que la política no pudo: que tres congresistas de las más disímiles orillas ideológicas se pusieran de acuerdo para presentar e impulsar un proyecto legislativo aprobado en los estertores de la actual legislatura.

A la que será la nueva ley para regular las mediciones de intención de voto de los colombianos -que aún no cuenta con sanción presidencial- le han salido aliados que consideran necesarios los cambios en la forma como hoy se hacen las encuestas y sondeos, pero también contradictores, para quienes las disposiciones adoptadas transgreden libertades y derechos fundamentales de los colombianos. ¿Mordaza o control?, es la discusión que apenas ahora se da entre la opinión pública.

En una alianza inusual, las senadoras Paloma Valencia, del Centro Democrático; Angélica Lozano, del Partido Verde, y Clara López, del Pacto Histórico, junto al representante Juan Sebastián Gómez, Nuevo Liberalismo, presentaron a fines de 2024 el proyecto de ley “Por medio de la cual se establecen medidas sobre elaboración, publicación y divulgación de encuestas y se dictan otras disposiciones”, aprobado la semana pasada.

Entre las determinaciones incluidas, la más polémica es que solo podrán divulgarse encuestas de conocimiento, favorabilidad política, opinión o intención del voto, “a partir de los tres meses anteriores del primer día de inscripciones de candidatos” y que, además, una vez finalice la inscripción, se deberá “incluir a todos los candidatos inscritos para la respectiva contienda electoral”.

Así mismo se reduce el margen de error, se obliga a ampliar la muestra a ciudades intermedias y pequeñas, los encuestadores deberán registrarse y demostrar su experiencia ante el Consejo Nacional Electoral, mientras se crea una Comisión de Vigilancia y se tendrán que entregar datos de los encuestados. Si se hallan irregularidades, se impondrán medidas y sanciones, incluso penales, mientras los medios de comunicación se las divulguen serán corresponsables.

No cabe duda que la regulación de las encuestas, de su metodología, del tamaño de las muestras, así como del margen de error, estaba en mora de hacerse en Colombia. Tener reglas más claras es fundamental para garantizar la confiabilidad y precisión al medir lo que piensan los ciudadanos, cuyos resultados sin duda influyen en las decisiones que se tomen dentro de los procesos democráticos.

Con la nueva ley quedan interrogantes sobre su constitucionalidad que deberán ser resueltos en las instancias pertinentes. Entre ellos, si su trámite debió ser estatutario, y no ordinario, al afectar derechos fundamentales como el de la libertad de expresión o el acceso a la información. O si se están violando principios básicos de la protección de datos al obligar a las encuestadoras a entregar información de sus encuestados.

Es la discusión que debió darse durante el trámite legislativo, de manera abierta, con la participación de los directamente involucrados y con la opinión ciudadana. Queda en el aire si hubiera sido mejor propender por una autorregulación estricta y comprobable, en lugar de establecer lo que para algunos no son más que mordazas.

Que se examine la ley y se garantice que cumple con las disposiciones constitucionales, así como con el respeto de derechos que son innegociables para un Estado de derecho como el colombiano.