El último aliento del Congreso

Con la instalación, hoy 20 de julio comienza el último año del actual Congreso de la República. Es previsible que en los estertores del periodo legislativo para el que fueron elegidos senadores y representantes a la Cámara su actividad se concentre más en los comicios venideros, en los que muchos aspiran a ser reelegidos, que en sacar adelante las iniciativas que necesitan los colombianos.

A los parlamentarios hay que exigirles, con firmeza, que su interés esté puesto en cumplir con la tarea que les fue encomendada. Y, en primer lugar, en defender la democracia de los peligros que hoy como nunca la acechan y destruyen la confianza en el país, así como sus instituciones.

En una nación con múltiples sectores sociales y económicos en crisis, con preocupaciones por su estabilidad financiera en el corto y mediano plazo, donde derechos fundamentales como el acceso a la salud se encuentran en riesgo, mientras la laxitud hacia la delincuencia y el crimen organizados, producto de la fracasada Paz Total, tienen la seguridad en riesgo, es fundamental que los congresistas se comprometan a realizar hasta el último día y con rigor la labor que les corresponde.

Si bien no es usual que en el último periodo legislativo los gobiernos le apuesten a presentar grandes iniciativas al Congreso de la República, es de esperar que el de Gustavo Petro insista en aquellas reformas sociales que tiene aún pendientes y en las que se comprometió desde la campaña, como la de la salud o la de la Jurisdicción Agraria.

Se anuncia, así mismo, un proyecto de ley que pretende entregar beneficios a grupos al margen de la ley “no políticos”, en palabras del Ministro de Justicia, que podría agravar aún más la situación de orden público en buena parte del territorio nacional.

Con el gasto público disparado y un déficit fiscal que supera actualmente los $ 75 billones y se calcula llegará a 7,1 % al finalizar este año, se ha anunciado que este mismo 20 de julio el Gobierno Nacional presentaría un proyecto de reforma tributaria con el que busca recaudar $19 billones.

Habría que preguntar si en un año electoral los congresistas -oficialistas, de oposición o los que van y vienen según sus intereses- están dispuestos a poner en riesgo su caudal político al discutir una reforma que tocaría el bolsillo de la gran mayoría de los colombianos.

Pero sin duda el gran desafío de la legislatura que hoy comienza, y de aquella clase política que tiene asiento en el Congreso de la República, es garantizar que se preserve y se fortalezca el Estado de Derecho, es decir el corazón mismo de la democracia, que se precia de ser un país como Colombia.

La separación e independencia de los poderes públicos, el respeto por la Constitución Nacional, la defensa de la institucionalidad y la protección de los intereses de todos los colombianos, sin distingo de ninguna clase, deben ser innegociables entre quienes fueron elegidos para representar a la sociedad en el Legislativo. Mucho más en un año electoral y en el último, en el que muchos realizarán las labores que les fueron encomendadas por mandato popular.