Criminales sin filtro

Ver hoy a confesos criminales desde los patios de las cárceles convertidos en ‘influencers’ y dando cátedra de moralidad en redes sociales no es solo una ofensa para los familiares de sus víctimas, sino un mazazo a la credibilidad de la Justicia en Colombia.

Ocurrió con John Jairo Velásquez, alias Popeye, quien haciendo alarde de ser el sicario favorito de Pablo Escobar y del cartel de Medellín se dedicó a través de su canal en Youtube Popeye_Arrepentido a ganar dinero haciendo apología del crimen y manipulando la historia del país de acuerdo con sus egos e intereses.

Un canal en el que narraba de la forma más cruda y despiadada, independientemente de que su versión fuera cierta o no, la Colombia sumida en la violencia de los años 90 por cuenta de la guerra entre los carteles del narcotráfico a una comunidad de seguidores cercana a un millón y medio de personas.

Ahora son Andrés Gustavo Ricci, el feminicida de la campeona mundial de patinaje Luz Mery Tristán, y Brayan Campo, feminicida de la niña de Candelaria Sara Sofía Delgado, quienes quieren con la anuencia de las autoridades carcelarias convertirse en celebridades.

Ricci, condenado a más de 45 años de prisión, abrió hace un mes un canal de Youtube desde la cárcel Picaleña de Ibagué, con el nombre de ‘Una verdad por contar’ y dedicado a atacar a la juez del caso, a familiares de Luz Mery Tristán, a los testigos de la defensa y a contar supuestas verdades desvirtuadas en el juicio.

Igual de dolorosa y reprochable fue la entrevista que la Dirección Nacional del Inpec autorizó en la cárcel La Tramacúa de Valledupar a Brayan Campo, condenado a 58 años de cárcel por el asesinato de la niña en Candelaria (Valle), en la que reveló con toda frialdad la manera en que retuvo a Sara Sofía, la asesinó y luego se deshizo del cuerpo.

Absurdo e indolente que como sociedad nadie pensara en las familias y en la revictimización a la que fueron sometidas con unos testimonios libreteados, mostrando a los criminales como pobres víctimas y hurgando en las heridas de los seres queridos con el único propósito de buscar compasión o la reducción de sus penas.

Convertir las cárceles del país en estudios de grabación y a los criminales en influenciadores en las redes sociales no es el papel del Inpec, por más que las condenas impuestas por los jueces pretendan ser fallos ejemplarizantes y busquen a su vez la resocialización de quienes han cometido los crímenes más reprochables.

Ningún vacío puede existir en la legislación colombiana a través del cual los criminales obtengan provecho en detrimento del resto de la sociedad. Ni pueden quedar al libre albedrío de la Dirección del Inpec las comunicaciones y mensajes que sin filtro están saliendo de las cárceles.

Porque algo tendrá que estar fallando en un Estado Social de Derecho como el colombiano para que las garantías que se les otorgue a los criminales estén por encima de la dignidad y el respeto a la memoria de las víctimas y al sentir de sus familiares.