Editorial

Impacto de la reforma laboral

Anif, centro de pensamiento, afirma que la reforma elimina los incentivos económicos para la inserción de los jóvenes, convirtiendo la contratación en una obligación legal costosa.

El presidente, Gustavo Petro, junto a parte de su gabinete en la sanción de la reforma laboral, el 25 de junio de 2025, en Bogotá (Colombia)
El presidente, Gustavo Petro, junto a parte de su gabinete en la sanción de la reforma laboral, el 25 de junio de 2025, en Bogotá (Colombia) | Foto: Andrea Puentes - Presidencia de Colombia

27 de jun de 2025, 03:42 a. m.

Actualizado el 27 de jun de 2025, 03:42 a. m.

La aprobación de la reforma laboral representa, sin duda, uno de los movimientos más ambiciosos del Gobierno de Gustavo Petro, que finalmente salió adelante con algunas presiones para el Legislativo.

Es claro que para los colombianos que tienen un empleo “recuperar derechos perdidos” como ha insistido el Presidente, es una victoria, pues se recuperaron logros como el pago de horas nocturnas desde las 7 de la noche y el recargo dominical.

Pero mientras los beneficios para los empleados son evidentes, el costo que esta reforma podría tener sobre el empresariado, en especial el pequeño y mediano, es mucho más incierto, y potencialmente riesgoso.

Solo la modificación de las horas extras y pagos dominicales pueden llegar a representar un incremento del 35 % en los costos para quien contratan, en especial para las empresas que trabajan en turnos nocturnos o en horarios extendidos.

Son cifras no menores que pueden afectar, la sostenibilidad de los pequeños negocios. Solo los cambios en el contrato de aprendizaje para los estudiantes Sena traería un gran impacto, según los cálculos que hace Anif porque dicho cambio eleva los costos de contratación en más del 105 % (de $1.075.027 a $2.204.727 mensuales) al incluir todas las prestaciones laborales tradicionales.

Este centro de pensamiento dice que al equiparar costos entre aprendices y trabajadores experimentados, la reforma elimina los incentivos económicos para la inserción de los jóvenes, convirtiendo la contratación en una obligación legal costosa.

A estos puntos se suma la limitación al contrato a término fijo, que no podrá exceder los cuatro años sin una justificación detallada. Aunque busca combatir la contratación temporal abusiva, la medida puede reducir la flexibilidad que muchas empresas necesitan para adaptarse a ciclos económicos cambiantes o proyectos específicos.

Es importante reconocer que la dignificación del trabajo no es una causa que se deba desestimar. Pero pretender alcanzarla ignorando la capacidad de crecimiento del sector empresarial, puede ser un error de diagnóstico y estrategia.

En especial cuando la economía nacional no logra crecer a un mejor ritmo y no se ha desarrollado un plan de reactivación, como lo pidió la industria y el comercio, desde que inició este Gobierno.

El resultado puede ser una paradoja cruel: una reforma que buscaba proteger al trabajador, pero que termine dejando a muchos sin empleo o empujándolos a la informalidad.

El país necesita reformas que equilibren los derechos, en este caso de los trabajadores con la sostenibilidad del aparato productivo. El desafío no está solo en legislar con buenas intenciones, sino en construir normas que dialoguen con la realidad económica del país. De lo contrario, estaremos sembrando inestabilidad donde se requiere crecimiento.

La reforma laboral ya es ley, ahora le queda al Gobierno buscar estrategias para apoyar el crecimiento de las pymes.

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