Inaceptable secuestro

No se puede aceptar que cada vez que hay una ofensiva militar en el norte del departamento del Cauca, algunas comunidades, que son instrumentalizadas por los integrantes de las disidencias de las Farc, terminen secuestrando a los militares que participan de las operaciones, como ocurrió el pasado sábado en El Tambo, cuando 57 uniformados fueron retenidos a la fuerza en el coliseo del pueblo por unos cuantos habitantes.

Los hechos del sábado son muy graves. Ninguna persona civil en Colombia está autorizada para retener a otro ciudadano y menos si pertenece a las Fuerzas Militares. Lo que ocurrió en El Tambo vulnera los Derechos Humanos de los militares, pues estuvieron por más de 24 horas sin poderse comunicar con sus familias, sin dormir, sin comer y sin saber cuánto duraría su secuestro.

No es la primera vez que algo así pasa en esta región del país. El pasado 6 de marzo, en zona rural de El Plateado, 28 policías y un soldado también fueron secuestrados y liberados horas después. “Este evento se da en un contexto en el que, por primera vez en varios años, la Policía entró al territorio a hacer presencia institucional”, dijo en aquél momento la Defensora del Pueblo.

Estos incidentes, además de impactar directamente a las víctimas y sus seres queridos, siembran el miedo en las comunidades, frenan el desarrollo y entorpecen los esfuerzos por consolidar la tranquilidad en regiones que históricamente han sido golpeadas por la violencia.

Hay que valorar que desde que se conoció la situación el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se puso al tanto de la situación, viajó hasta Popayán y desde allí con el general Federico Mejía, comandante de la Tercera División del Ejército, se logró liberar, sin hacer un solo disparo y sin entrar en confrontaciones verbales con la comunidad, a los militares.

No era una tarea fácil, pues un solo disparo de algún uniformado hubiese puesto en peligro la vida no solo de los militares, sino también de quienes los retenían, pues algunos de ellos, al parecer, se encontraban armados. Incluso, desde las Fuerzas Militares sostienen que allí había presencia de integrantes de las disidencias de las Farc que aprovechando lo complejo del momento, se quitaron sus uniformes, se vistieron de civil y se camuflaron entre la comunidad.

Lo que buscan quienes secuestran a los militares es que la Operación Perseo, que se lanzó desde octubre pasado, se suspenda o reduzca a su máxima expresión, pues esta estrategia pretende recuperar el control del Cañón del Micay y evitar que por allí grupos ilegales transporten droga hacia el Pacífico.

El Gobierno Nacional está en la obligación de mantener esa estrategia militar, permanecer en la región y ganarle la batalla a las organizaciones criminales que allí operan. De lo contrario la violencia que ellas generan seguirá repercutiendo en el Cauca y también en el Valle.

Sin duda, esas operaciones deben ir acompañadas de una intervención integral del Estado, que permita acercarse a las comunidades, recuperar su confianza y evitar que sean instrumentalizadas por los grupos armados ilegales.