¡No más uniformados asesinados!

132. Ese es el número de miembros de la Fuerza Pública que fueron asesinados en Colombia entre enero y agosto del presente año. Una cifra que resulta vergonzosa para una sociedad que se dice civilizada y para un país que en su Constitución se define como una democracia y un Estado Social de Derecho.

Porque es evidente que, más allá del fracaso que ha representado la política de Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro, la Nación entera debería ponerse en pie para rechazar actos como el homicidio en Cali del patrullero de la Policía Fabián Andrés Ferreira el pasado 5 de septiembre, quien fue víctima de un ataque con fusil en el barrio Manuela Beltrán.

Un hecho tan doloroso para su esposa, sus dos pequeños hijos, sus hermanos y demás seres queridos debería convocar la total solidaridad de la ciudadanía, que debe ser consciente de que la Fuerza Pública, llámese Policía, Ejército, Armada o Fuerza Aérea, está compuesta por seres humanos que todos los días arriesgan sus vidas para proteger a los colombianos en cada rincón del territorio nacional.

Es hora de que la población rodee a sus uniformados y exija respeto para ellos. En un país al que le gusta marchar, bien valdría, por ejemplo, impulsar una gran manifestación pacífica que les deje claro a los violentos que Colombia quiere y respalda a su Fuerza Pública y que se indigna cuando sus integrantes son víctimas de ataques con alevosía y sin ningún recato por las normas de guerra que impone el Derecho Internacional Humanitario, claramente aplicable al conflicto armado interno que se registra en el país.

Es que no puede ser posible que el informe de Seguimiento a Indicadores de Seguridad y Resultados Operacionales del Ministerio de Defensa reporte que en este año se ha registrado un aumento del 144 % en los casos de asesinatos de policías y soldados con respecto al 2024, cuando se contabilizaron 54 hechos de este tipo y la sociedad no reaccione.

Claro está que, a la par de esa necesaria actitud de los colombianos, el Estado en su conjunto y el Ejecutivo Nacional en particular, deben tomar las medidas necesarias para brindarles a los integrantes de las distintas fuerzas del orden las herramientas suficientes para cumplir a cabalidad su labor, que incluye advertir y mitigar los posibles riesgos que enfrentan en su trabajo diario. Porque poco pueden hacer ellos para defender a la población y defenderse ellos mismos si no cuentan con planes, armamento e instrumentos para enfrentar el uso de drones, francotiradores y los ‘planes pistola’ a los que suelen recurrir los grupos criminales para debilitar a la Fuerza Pública y proteger sus economías ilícitas en las áreas rurales, o sembrar el terror en las capitales, como Cali.

Es urgente, como dicen los expertos en seguridad, que se reactive el aparato de inteligencia anticipatorio, se fortalezcan los grupos de investigación de la Fiscalía, el CTI y la Sijín, y se recurra a la tecnología para que la Policía, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea puedan hacerle frente a la criminalidad en igualdad de condiciones. Pero, al mismo tiempo, el Estado debe hacer presencia con programas sociales en las regiones más apartadas del país donde los grupos armados se han apoderado del territorio y les han hecho creer a sus pobladores que ellos son la ley. ¿Será posible?