¿No es hora de repensar la estrategia de seguridad?

Más allá del trabajo y el esfuerzo que realizan las autoridades en la capital del Valle del Cauca para brindar mayor seguridad a los caleños, es innegable la preocupación que genera la disputa entre bandas criminales por el control territorial en sectores estratégicos de la ciudad.

Lo que denunció una semana atrás la Unidad investigativa de El País sobre la guerra a muerte entre dos estructuras por el control de las finanzas criminales en el centro de Cali no es un hecho aislado; es evidente que guarda conexión con crímenes cometidos en diferentes sectores y barrios de la capital del Valle, y que afectan considerablemente la tranquilidad de la ciudad.

Señala el citado informe que son al menos quince los muertos que deja en lo corrido del año la disputa por controlar la extorsión, el microtráfico, la prostitución y el sicariato en el Bulevar del Río Cali y los barrios Obrero, Sucre, Calvario y San Nicolás.

Una confrontación con un modelo criminal infame en el que han convertido, mediante amenazas, en fichas de su tablero criminal a vendedores ambulantes, mujeres y comunidades Lgbti que ejercen la prostitución y a los llamados ‘trapitos’ que cuidan carros; obligados no solamente a pagar ‘vacuna’ por trabajar en las calles, sino a ocultar armas, vender drogas y dar información sobre los movimientos de la banda adversaria.

Inquieta también que el Bulevar del Río se encuentra a solo una cuadra del CAM y a cinco calles del Comando de la Policía Metropolitana, y es además un espacio que se ha constituido en los últimos años en atractivo turístico, epicentro de la salsa, la cultura, la idiosincrasia y la hospitalidad del caleño, y el único control que debe ejercerse allí es el de la Fuerza Pública.

Y no se trata de desconocer los esfuerzos de las autoridades para hacer de esta ciudad un sitio seguro y confiable para vivir, pero las cifras están demostrando que ese trabajo es insuficiente para hacer frente a los diferentes tipos de violencia que se incubaron en Cali.

Porque si bien algunas de esas violencias pasan por decisiones que debe asumir la Administración Distrital a través de la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana, hay otras que superan la capacidad local y que demandan mayor responsabilidad y compromiso del Gobierno Nacional.

Ni el silencio de las autoridades locales frente a algunos temas ni la narrativa optimista en otros le aportan a la seguridad en Cali. Por el contrario, le resta importancia a una realidad violenta que es necesario atender con toda la capacidad del Estado.

Verlo de otra manera es incrementar no solo percepción de inseguridad entre los caleños, sino la sensación de que las autoridades están viendo con resignación el fenómeno criminal en la ciudad.

El fenómeno de la violencia y la inseguridad en Cali es distinto al de otras ciudades capitales y con unas dinámicas propias que evolucionan y obligan a que las estrategias de seguridad se vayan alineando con esas nuevas realidades.

El reto de este y los próximos gobiernos será impedir que el modelo criminal se configure y se consolide a partir de la zozobra y el miedo de quienes habitan en la capital del Valle del Cauca.