Futuro de la reforma pensional

Esta semana será clave para el futuro de la reforma pensional que debía entrar en vigencia en julio pasado y cuya exequibilidad está en manos de la Corte Constitucional.

Se espera que después del plazo que le dio el Alto Tribunal a la Cámara de Representantes de subsanar las fallas de trámite, esté el camino expedito para poder entrar de lleno en el análisis de la constitucionalidad de la norma que recibió innumerables demandas.

El fallo que emita la Corte será de suma trascendencia no solo por los cambios en el régimen pensional del país, sino para ratificar que Colombia cuenta con un Estado de Derecho que todos debemos respaldar.

La Corte Constitucional no juzgará si el modelo pensional propuesto por el Gobierno es conveniente o inconveniente, sino si se respetaron las reglas del juego democrático durante su trámite.

La Constitución es clara en señalar que las leyes deben ser aprobadas con transparencia, con debate real y con cumplimiento de cada etapa legislativa. Saltarse esos pasos, aunque pueda parecer un formalismo, es abrir la puerta al debilitamiento de las instituciones y a la arbitrariedad.

De ahí, que las consecuencias de la decisión son enormes. Si la reforma se declara constitucional, el Gobierno podrá implementarla y presentarla como una de sus banderas sociales. Si se declara inexequible en su totalidad, el sistema actual se mantendrá, y el Ejecutivo deberá buscar alternativas, como ya lo ha hecho con medidas parciales para adultos mayores, que como muchos expertos lo han confirmado, no requieren de una ley para su implementación. Y si se opta por una salida intermedia, el Congreso tendrá que asumir la responsabilidad de subsanar, de manera impecable, los errores cometidos y no marchar a las carreras como ha sucedido, llevando a la situación que hoy vive esta ley.

En cualquiera de estos escenarios, lo que está en juego no es solo el futuro del sistema pensional, sino la credibilidad de las instituciones y la fortaleza de la democracia.

Por eso resulta preocupante que desde el Ejecutivo se hayan lanzado acusaciones tan graves como calificar de “golpe de Estado” la demora en la decisión de la Corte. Es legítimo que el Gobierno defienda su proyecto, pero no lo es poner en duda la independencia judicial. Ese tipo de presiones debilitan la confianza ciudadana y erosionan la separación de poderes. El Gobierno de turno, sea cual sea, debe recordar que la Corte Constitucional no es un actor político más, sino el garante supremo de la Constitución.

La otra cara de la moneda la tienen la oposición y ciertos sectores críticos, que han aprovechado los tropiezos del proceso para alimentar un discurso de descrédito absoluto hacia el Gobierno. Tampoco es sano para el país reducir una discusión de este calibre a un cálculo electoral. La reforma pensional merece un debate serio, no un campo de batalla para la polarización, todos deben pensar en el país, por encima de los intereses particulares.

Colombia necesita reglas claras, instituciones fuertes y un compromiso genuino con el respeto a la justicia. La ciudadanía puede tener posiciones encontradas sobre la reforma, pero lo que no puede estar en duda es que el fallo del Alto Tribunal será obligatorio y deberá ser acatado.

El país no se puede dar el lujo de desconocer la justicia. En medio de la incertidumbre económica y social, aceptar y respetar la decisión de la Corte Constitucional es la única vía para garantizar la estabilidad institucional y evitar que la democracia colombiana se fracture aún más.