La salud de Colombia no resiste más dilaciones

Si hay algo en lo que coinciden todos los sectores políticos y sociales de Colombia es que la salud del país colapsó. Eso se ve todos los días en el aumento de quejas de los ciudadanos por la falta de oportunidad en las citas, tratamientos y medicamentos, en las millonarias deudas que se tiene con las EPS y con toda la red prestadora del servicio, en el cierre de clínicas y en las precarias condiciones que, en muchas ocasiones, trabaja el personal del sector.

Es claro que Colombia necesita con urgencia una reforma a la salud. El sistema, que durante décadas garantizó una cobertura casi universal, se asfixia en sus propias cuentas. No es sostenible continuar con los mismos mecanismos de financiación ni con la intermediación financiera que genera más deudas que salidas.

La solución no da espera y, de ahí, el llamado urgente a deponer los intereses personales por el bien general. Es necesario que sea en el escenario del Congreso donde se debata el proyecto de reforma a la salud, se escuchen todas las voces y se llegue a acuerdos.

Una reforma de esta magnitud requiere consensos amplios, técnicos y políticos. No se trata de imponer una visión única, sea del Gobierno o de la oposición, sino de construir un acuerdo nacional que garantice la sostenibilidad del sistema y la dignidad en la atención. Convertir la salud en un campo de batalla electoral no solo retrasa las soluciones: condena a millones de colombianos a seguir sufriendo las deficiencias de un modelo agotado.

Por un lado, el Gobierno tiene la responsabilidad de buscar salidas, dejar a un lado el papel de víctima, siempre argumentando bloqueos de la oposición, para pasar a abrir espacios reales de diálogo sin intransigencia, lo que puede marcar la diferencia entre un fracaso legislativo y una reforma histórica.

La salud es un derecho fundamental, para reducirla a un pulso de fuerzas entre bancadas. Si la apuesta es insistir en un proyecto sin mayorías ni respaldo político, el resultado será el mismo que ya se vio con la reforma laboral: un hundimiento que no resuelve nada y posterga lo inevitable.

Por otro lado, el Congreso debe elevar la discusión por encima del cálculo político, no debe haber más dilaciones en esta iniciativa que va más allá del Gobierno Petro.

Hundir el proyecto sin ofrecer alternativas no es lo correcto. La ciudadanía espera que sus representantes construyan soluciones, no que se limiten a discutir sin soluciones. Negarse al diálogo o desechar de plano cualquier reforma es tan irresponsable como pretender imponer un modelo sin las cuentas claras.

El país necesita que congresistas y Gobierno estén por encima de intereses políticos. Colombia merece un sistema de salud sólido, transparente y sostenible, capaz de responder a las necesidades de los ciudadanos y de garantizar derechos básicos sin poner en riesgo su viabilidad financiera. La hora de las excusas terminó. Gobierno y Congreso deben sentarse, negociar y acordar una reforma posible. No hacerlo sería un acto de irresponsabilidad histórica que no solo está dejando en la quiebra el sistema sino que cobra vidas todos los días.