Lucha perdida

El aumento de los cultivos ilícitos y de la producción de cocaína en Colombia durante el año 2023 no sorprende. Es el resultado lógico de una política de erradicación que se relajó desde la llegada al gobierno nacional del presidente Gustavo Petro y debido a la ineficiencia estatal a la hora de combatir el negocio siniestro que tanto daño le causa al país.

El informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, Simci, de las Naciones Unidas, presentado este 18 de octubre, confirma lo que ya se preveía. Las hectáreas sembradas de coca y marihuana sumaron 253.000 el año anterior, lo que significa un crecimiento del 10% con respecto al 2022 cuando se contabilizaron 230.000. Pretender que los números cayeran era imposible toda vez que de erradicar en promedio 100.000 hectáreas anuales, el actual gobierno pasó a 20.000 en 2023 y a una meta mínima de 10.000 para este año, cuota que pudiera no cumplirse.

De tal magnitud es la situación, que ya no vale justificarla con el argumento de proteger al pequeño cultivador o de remplazar la erradicación forzada por una voluntaria que facilite hacer el tránsito a la legalidad. Los datos entregados por el Simci demuestran que esa política falló, como lo hizo la que pretendía dedicar los esfuerzos del gobierno a perseguir a las grandes mafias del narcotráfico.

Como lo presenta el informe, la producción de cocaína pura en el país aumentó un 53% el año pasado, al pasar de 1.738 toneladas en 2022 a 2.664 toneladas en 2023. El fracaso de este gobierno es tan evidente que ayer la Ministra de Justicia anunció que se explora la posibilidad de retomar las fumigaciones terrestres, aunque con químicos diferentes al glifosato.

Se quedaría corta esa decisión frente a la magnitud de lo que vive de nuevo la Nación por cuenta del narcotráfico. No se puede ignorar que en estos dos años de la presidencia de Petro se han abierto varios frentes que le han facilitado a las organizaciones criminales, en particular a las dedicadas al tráfico de drogas, expandir sus negocios ilegales.

La llamada ‘paz total’ en la que se ha empecinado este gobierno a cualquier precio y que le ha abierto por igual las puertas del diálogo a la guerrilla, a la delincuencia organizada o a la más variada pinta de grupos dedicados al crimen, ha facilitado que el narcotráfico en todas sus facetas, comenzando por el cultivo de la hoja de coca o de la marihuana, reflorezca.

El Cauca y el Valle son prueba de ello. Las tierras sembradas de manera ilícita aumentan en los dos departamentos, mientras los grupos armados ilegales se asocian con carteles transnacionales de la droga, manejan la producción y tienen el control sobre los corredores hacia el Pacífico, por donde se saca la mercancía.

La lucha se está perdiendo debido a las políticas fallidas de este gobierno, por ello hay que exigir que se haga un replanteamiento de la lucha nacional contra el negocio del narcotráfico. Colombia no se puede conformar con desandar el camino recorrido en los años anteriores, que tantos y tan dolorosos sacrificios le han costado a su sociedad.