Los límites de la zona binacional

El memorando de entendimiento firmado entre Colombia y Venezuela para crear una zona binacional en la frontera, además de ser sorpresivo, genera inquietudes que deben ser explicadas de manera clara para tranquilidad de la Nación y en particular de aquellas regiones involucradas.

El alcance que se le dé al acuerdo impactará, para bien o para mal, en un territorio que hoy clama por soluciones y no por más problemas.

Alfredo Saade, jefe de Despacho del presidente Gustavo Petro, fue el encargado, por el lado colombiano, de informar el resultado de la que sería una negociación adelantada durante los últimos cinco meses.

El documento de seis páginas, con el que de paso se legitimó de forma tácita al régimen vecino luego del evidente fraude de las elecciones presidenciales del 2024, apela a la “importancia de la paz, la unión y la integración para el desarrollo económico y social” de las dos naciones y determina que, por ahora, la zona estará conformada por los estados de Zulia y Táchira, en el lado venezolano, y Norte de Santander, en el colombiano.

Si bien se define el marco de cooperación en asuntos como la cultura, la educación, el comercio, la salud y el turismo, la compuerta queda abierta a que “la cooperación bilateral pueda profundizarse progresivamente a otras áreas, sin excluir temas adicionales que sean identificados como de interés mutuo”. Ahí, en esa amplitud de conceptos, es donde se generan las mayores inquietudes.

No se puede negar la relación histórica, en lo comercial y social en particular, que existe a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela, por lo que se esperaría que la ‘Zona de Paz, Unión y Desarrollo Binacional’ solo llegaría a poner algo de orden y normalización en esa realidad.

También es innegable que en los límites fronterizos campean algunos de los males más profundos de la realidad nacional. Las economías ilegales, comenzando por el narcotráfico que se nutre de las más grandes extensiones de cultivos ilícitos, son manejadas por grupos armados al margen de la ley, que además se enfrentan entre ellos por el poder territorial mientras amedrentan a la población civil, como ocurre hoy en el Catatumbo.

Esas mismas organizaciones criminales son a las que el régimen de Nicolás Maduro les permite moverse libremente hacia el vecino país para evadir a las autoridades colombianas, donde incluso, como lo comprobó hace unos años la Unidad Investigativa de este diario, ejercen como autoridad al otro lado de la frontera.

Por ello, cuando se habla de que la cooperación bilateral pueda extenderse a otras áreas y que no se excluirán temas “identificados como de interés mutuo”, hay que preguntar de forma clara si existe la posibilidad de que a las Fuerzas Armadas o a las autoridades venezolanas se les autorice operar en territorio colombiano.

De ser así, se estaría rompiendo el orden constitucional de nuestra Nación, pero, más grave aún, se le daría vía libre a intervenir en suelo patrio a un régimen antidemocrático, ilegítimo, acusado de proteger criminales y desprestigiado como el que más. Por ello hay que exigir con claridad que se establezcan unos límites y que, sobre cualquier otra consideración, se evite poner en riesgo la soberanía colombiana.