La deuda impagable

El 20 de noviembre próximo se cumplen 34 años de la Convención de los Derechos de la Niñez, adoptada por ley en Colombia en 1991. Las cifras más recientes sobre la situación de los menores de edad en el país, dejan en evidencia cómo el Estado en su conjunto ha sido incapaz de cumplir con su obligación de proteger a la que sin duda es la población más vulnerable de la sociedad. La deuda es impagable.

Cada día las autoridades nacionales examinan a 57 niños, niñas y adolescentes por casos de agresión sexual, 23 más llegan a Medicina Legal por violencia interpersonal y otros 17 son evaluados en ese mismo lapso de tiempo por violencia intrafamiliar. Cada semana 12 niños, niñas y adolescentes colombianos son víctimas de homicidio. Cada año 347 menores de edad mueren por desnutrición, otros 427 por enfermedades respiratorias agudas y 89 más por enfermedades diarreicas agudas.

Otros datos adicionales que deberían estremecer las fibras de la Nación: mientras el 67% de la niñez colombiana en el país vive en condiciones de pobreza monetaria o en la pobreza extrema, 112.636 niñas se convierten en madres cada año, de las cuales 4.895 están entre los 10 y los 14 años de edad. Y así sea difícil de creer, el país ocupa el puesto 20 a escala mundial de matrimonios infantiles o de menores de 15 años. En 2022, además, 315 niños se suicidaron en el territorio nacional. A ninguno de ellos se le protegió.

Lo que se refleja con esas estadísticas es a un país enfermo desde sus entrañas, que no ha sabido educar de manera debida a las diferentes generaciones en el respeto de los valores más elementales ni en la concepción de la familia como el eje estructural para formar una sociedad sana. El colombiano es un Estado donde se les niegan las oportunidades a sus ciudadanos incluso desde antes de nacer y que es incapaz de brindar la protección que necesitan sus menores de edad.

Mientras las políticas y los recursos públicos no lleguen como deben hacerlo a esa población más vulnerable, el futuro nacional estará irremediablemente condenado a la miseria, a la inequidad y al desequilibrio social. La violencia seguirá rampante si la paz no se construye desde el corazón del hogar y si las escuelas no son esos espacios para formar mejores seres humanos, respetuosos de sí mismos, de sus pares y de sus entornos.

La deuda que tiene Colombia con la población infantil y adolescente es de tales proporciones y acumulada durante tantas décadas, que parece impagable. Es un saldo en rojo que de seguirse acrecentando terminará resquebrajando de tal manera las bases de la sociedad que ya será imposible reparar sus cimientos. De ese tamaño es la responsabilidad que tienen hoy los gobernantes, las autoridades y quienes manejan los destinos de la Nación, de las regiones, de los municipios.

Los derechos de la niñez colombiana no se escriben en el papel, ni bastan las leyes o las ratificaciones de las convenciones internacionales para que sean una realidad. Son las acciones coherentes y decididas del Estado en su conjunto las que les garantizarán un futuro a las generaciones venideras.