La defensa de la Democracia

Hoy y ahora es el momento para que los colombianos, sin importar sus diferencias o su corriente ideológica, defiendan la Democracia y exijan que se respete el Estado de Derecho que rige en la Nación.

Es lo que se impone frente a las amenazas -que no son advertencias- sobre revocatorias al Congreso, los señalamientos permanentes a la oposición o el uso de simbolismos como la bandera de guerra a muerte y la espada de Simón Bolívar en la plaza pública con el fin de amedrentar a los detractores.

Pero, en primer lugar, debido las referencias cada vez más recurrentes, así se expliquen en tono de chanza, sobre la posibilidad de una reelección, o “minireelección” como la denominó el Ministro del Interior, o la posibilidad de una permanencia en el poder del actual Gobierno después del 7 de agosto de 2026. El presidente Gustavo Petro insiste en que no pretende amarrarse a la Casa de Nariño después de esa fecha, pero a renglón seguido, como lo hizo en su discurso del 1 de mayo, dice que volverá cuando se haga la revolución.

A un año de las elecciones legislativas y presidenciales, y frente al fracaso de la mayoría de reformas planteadas por el Ejecutivo, así como de sus políticas sociales, de paz y seguridad, el único camino que parece quedarle al Presidente es el de agudizar su discurso de división e intimidación. Por ello se volvió repetitivo el uso de la palabra “pueblo” de manera discriminatoria, en su pretensión de polarizar aún más a la sociedad, sin olvidar la provocación constante a la independencia de los poderes públicos, que es la base del Estado de Derecho en Colombia.

La consulta popular, mecanismo legítimo de participación ciudadana, es ahora usada como instrumento político y electorero. Cualquier espacio es válido para arengar sobre la que para el primer gobierno de izquierda en Colombia puede ser la mayor encuesta sobre su popularidad de cara a los comicios de 2026, así como para amenazar sin cortapisas a quienes pretendan atravesarse en su propósito.

Queda por ver si en el fondo lo que importa es que se aprueben los puntos sustanciales de la reforma laboral que se hundió en el Senado, o hacer un pulso de poder político entre el Ejecutivo y el Legislativo, entre el oficialismo y la oposición, entre lo que Gustavo Petro y su gobierno denominan “pueblo” y “oligarquía”. Presentada el 1 de mayo la consulta popular, con sus doce preguntas, ante el Congreso de la República, este deberá resolver si la aprueba o no en un plazo máximo de 30 días.

Es de esperar que en los días venideros se agudicen los ataques a quienes se contraponen a las intenciones del Presidente. Así mismo, que el uso del lenguaje rastrero se mantenga en la plaza pública y que entre sorna y chanza se informen los verdaderos propósitos del actual gobierno, que no parecen ser otros que pasar por encima de la ley y la Constitución para lograr sus objetivos, incluido probablemente el de amarrarse al poder.

Frente a ello, el deber de los colombianos no puede ser distinto a estar del lado de la institucionalidad, defender la democracia y hacer respetar el que es un Estado de Derecho en toda su dimensión.