Sanear las finanzas

La reciente suspensión temporal de la Línea de Crédito Flexible (LCF) por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) no puede tomarse a la ligera. Este hecho, aunque no representa un corte definitivo del respaldo internacional, sí es una señal de alerta clara: Colombia atraviesa una situación fiscal preocupante que exige medidas concretas y responsables del Gobierno.

Esto no es algo que sorprenda ahora, lo vienen diciendo muchos centros de pensamiento y analistas que han advertido el exceso de gasto de la Nación, unido a un incremento de la deuda, al mismo tiempo que los ingresos fiscales no repuntan lo suficiente.

El déficit del Gobierno Central, que pasó del 4,2% del PIB en 2023 al 6,7% en 2024, refleja un deterioro significativo de las finanzas públicas. Este desfase fiscal pone en entredicho la sostenibilidad del gasto estatal y genera incertidumbre tanto en los mercados como entre los organismos multilaterales.

El FMI, aunque reconoce el historial cumplidor del país -Colombia nunca ha dejado de pagar su deuda-, ahora condiciona su respaldo extraordinario a que el Gobierno demuestre un manejo fiscal más disciplinado.

Lo que está en juego no es menor. La LCF ha sido, hasta ahora, un instrumento de respaldo clave que Colombia ha utilizado solo una vez -en 2020 durante la pandemia- pero que ha servido como garantía de solvencia ante posibles emergencias. Perder ese acceso podría afectar la confianza inversionista en el país, en un contexto donde el costo del financiamiento ya es alto debido a los riesgos fiscales percibidos.

El Gobierno no puede seguir postergando las decisiones difíciles. Un ajuste mayor en el gasto parece ser la decisión inminente. Es hora de que el presidente Gustavo Petro escuche. No se trata de afectar la inversión social para los más vulnerables, sino de poner sobre la mesa los gastos que puedan postergarse o cortar de manera definitiva.

 No es una tarea fácil, teniendo en cuenta que en el país hay muchos gastos inflexibles, que se refieren a transferencias en salud, defensa o saneamiento que son obligatorias, pero se deben buscar opciones. Si bien ha hablado de un recorte del gasto entre $10 y $15 billones para el presupuesto de 2025, varios analistas coinciden en que ese ajuste podría no ser suficiente y se habla, desde otras instancias, de que este recorte debería ser de $48 billones, una cifra cuantiosa y difícil de reemplazar.

 Colombia debe actuar con prontitud y seriedad. No se trata únicamente de enviar un mensaje al FMI y a los diferentes calificadores de riesgo que ya han bajado la calificación de la deuda del país y podrían seguir haciéndolo hasta perder el grado de inversión, sino de recuperar la credibilidad frente a los mercados y, sobre todo, garantizar la sostenibilidad fiscal del país a mediano y largo plazo.

Sanear las finanzas públicas no es una opción, es una necesidad inaplazable si se quiere evitar un futuro de más restricciones, mayores tasas de interés y pérdida de autonomía económica.