Dudas razonables

El 1 de septiembre próximo la Aerocivil asumirá la operación directa del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Una instancia a la que no se debió llegar porque el Gobierno Nacional tuvo el tiempo suficiente para realizar los análisis técnicos y financieros, diseñar los pliegos de condiciones, abrir el proceso licitatorio y hacer la adjudicación al nuevo concesionario.

Frente a esa realidad, ahora hay que exigir que no se ponga en riesgo la prestación de un servicio esencial para Cali y el Valle del Cauca como es el del transporte aéreo, que tiene que ver todo con la competitividad regional y con su conectividad con el mundo. Así mismo, que se garantice una rápida transición porque las obras que están proyectadas para ampliar la capacidad del Aeropuerto son tan necesarias como urgentes.

La sesión de la Comisión Accidental de la Cámara de Representantes realizada el viernes pasado en la ciudad de Cali para hacerle seguimiento al proceso, permitió conocer en detalle el Plan de Operación que tiene la Nación para el Bonilla Aragón. Si bien se despejaron algunas preocupaciones sobre los recursos que destinará el Gobierno Central durante los próximos meses para administrar el terminal aéreo, realizar el mantenimiento a la infraestructura o contratar el personal especializado que permita asegurar su funcionamiento, surgen dudas razonables.

Según el Ministerio de Transporte, la Aerocivil estará al frente del Aeropuerto entre seis y ocho meses como máximo, por lo que se espera que hacia mediados de 2026 ya esté definida la empresa que se encargará de manejar la nueva concesión. Para los vallecaucanos no está claro que en ese tiempo se logre concretar lo que no se ha podido en los últimos cinco años, ni durante las seis prórrogas, la última por 16 meses, que se le han hecho al contrato con Aerocali, el privado que opera desde el año 2000 el Bonilla Aragón.

A las puertas de las elecciones legislativas y presidenciales, que tendrán lugar en marzo y mayo del próximo año, surgen dudas sobre la agilidad y el rigor con los que avanzará el proceso de adjudicación de la concesión. En todo caso es necesario insistir en que lo que se ha planteado como un manejo transitorio no se puede convertir, bajo ningún aspecto, en la estatización o nacionalización del servicio aeroportuario en el Valle del Cauca.

Ante lo inevitable, es deber de los vallecaucanos, de quienes los representan en el Legislativo, de las autoridades departamentales, de los gobiernos de Cali y Palmira -ciudad en la que opera el aeropuerto-, así como de los gremios, empresarios y asociaciones de usuarios, mantener los ojos puestos sobre la administración que adelantará la Aeronáutica Civil y sobre el proceso licitatorio a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI.

El aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón no es uno de tercera categoría, por él se movilizan cada año 6,8 millones de viajeros y se mueve buena parte de la carga de la región y del país. Por ello hay que demandar que la administración e la Aerocivil sea eficiente, segura y de calidad, y en primer lugar que la adjudicación del concesionario que operará por los próximos 30 años la terminal aérea, se haga en el menor tiempo posible.