Es hora de actuar

Con preocupación, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, Ocha, reveló que entre enero y febrero de este año la situación de violencia se ha intensificado en varias regiones de Colombia, afectando a cerca de 555.000 personas.

Esto quiere decir que el equivalente a la población de Santa Marta o Ibagué fue víctima durante esos dos meses de casos de desplazamientos masivos, confinamientos y restricciones a la movilidad, lo que resulta lamentable, además porque se trata de modalidades criminales que se esperaba que hubiesen desaparecido del territorio nacional una vez que en el 2016 se firmó el Acuerdo de Paz con el que se creía el mayor generador de violencia en el país, la guerrilla de las Farc.

Sin embargo, de acuerdo con el último informe de la Ocha, durante esos sesenta días se superó el total de personas desplazadas en eventos masivos que se reportaron en el 2024, representando un incremento del 462 % en comparación con el mismo período del año anterior. Unos indicadores que a todas luces muestran que se están deteriorando las condiciones de seguridad en varias zonas del país y que llaman a plantear acciones urgentes y contundentes para superar esa crisis.

Por supuesto, uno de los casos más dramáticos es el que se vive en el área de influencia del Catatumbo, donde cerca de 80.800 habitantes de las zonas rurales de los municipios San Calixto, El Tarra, Hacarí, Teorama y Tibú se han visto afectados por desplazamientos masivos, confinamientos y restricciones a la movilidad y al acceso a bienes y servicios de primera necesidad, por lo que allí se ha configurado la mayor crisis humanitaria reportada en esa región en al menos tres décadas.

Pero tan lamentable como lo que se vive allí son las emergencias que se están registrando en Chocó, Cauca, Antioquia, Sur de Bolívar, Arauca y Córdoba, donde grupos armados ilegales se están enfrentando entre ellos, al tiempo que hacen incursiones violentas en las poblaciones usando incluso artefactos explosivos, lo que, además de poner en riesgo la vida de los civiles, les impide desplazarse a sus centros educativos y de salud, así como a los lugares donde suelen comprar sus víveres.

Esta triste radiografía, con la que coinciden otras organizaciones de Derechos Humanos del país, llama entonces a la urgente necesidad de que el Estado colombiano en su conjunto tome medidas de atención y protección de los compatriotas afectados por esta ola de violencia, y diseñe estrategias de preparación y mitigación frente a la posibilidad de que se presenten emergencias en otras regiones del territorio nacional.

Sin embargo, tiene toda la razón la Ocha cuando expresa su preocupación por la limitada capacidad de respuesta que han evidenciado el actual Gobierno Nacional y la Fuerza Pública ante estas crisis humanitarias, mientras sigue aumentando la cantidad de víctimas, se presentan más puntos de emergencia y varias organizaciones que venían trabajando en esos territorios se están retirando de estos lugares ante el congelamiento de fondos por parte de varios de los programas de asistencia de los Estados Unidos.