El Valle urge seguridad

De nuevo, el Valle del Cauca clama por el apoyo del Gobierno Nacional frente a la difícil situación de seguridad y orden público que afronta. Las alertas dadas por la Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral, MOE, dan cuenta de cómo la región espera que por fin se asuman acciones definitivas para enfrentar la criminalidad.

Los hechos más recientes corresponden al atentado a la sede política del precandidato a la Alcaldía de Tuluá, Gustavo Vélez, y las serias amenazas a periodistas dadas en videoconferencia y comunicados recientes por el grupo delincuencial La Oficina, en el que les advierten sobre lo que puede ocurrirles de apoyar al político. “Quien esté con él (candidato) y prestándole servicios, será objetivo militar de nuestra organización, la encargada de ejercer control en el territorio”. Y agregan en otro momento que “el asunto no es de tinta, es de sangre”.

Otra delicada situación ocurrió el pasado sábado, con el secuestro del exsecretario de Deporte de Cali, Diego Cardona, en su finca situada en San Pablo, Restrepo. El primo del exgobernador Juan Carlos Abadía estaría en manos del Eln. Entre el 2022 y el 2023 se han registrado más de 30 secuestros, lo que ha revivido las alarmas en torno a este delito.

Tan solo el pasado 8 de junio fue liberado un universitario secuestrado en Jamundí, otro municipio afectado por secuestros y graves problemas de orden público, debido a la presencia en la zona rural de la disidencia Jaime Martínez. Incluso, el alcalde Andrés Felipe Ramírez hace dos semanas envió una carta al Gobierno Nacional, en la que señalaba que las capacidades locales son insuficientes para atender un problema que es nacional y requiere una política de Estado. “¿Qué más debe pasar para que nos miren y toda la fuerza del Estado le responda a Jamundí?”.

También es materia de investigación la muerte de la arquitecta y atleta Andrea Arango quien venía el pasado viernes a Cali a participar en la Media Maratón, cuando el vehículo en que se movilizaba con su pareja fue impactado por un bloque de cemento, que habría sido lanzado por delincuentes desde un puente cerca a San Pedro, en la vía Panamericana, lo que al parecer corresponde a una nueva modalidad de robo, para que los vehículos se detengan y proceder a hurtar a sus ocupantes.

En Buenaventura la situación no es menos preocupante. Las bandas que allí operan así como las alertas de la MOE frente a lo que podría ocurrir en las elecciones de octubre, constituyen otra razón para mirar con prioridad al Valle del Cauca. Según el registrador nacional, Alexánder Vega, se indagan posibles casos de trashumancia en Candelaria, El Águila, Riofrío y Palmira, y existen dos municipios con alarma de riesgo electoral: Buenaventura y Jamundí.

Con la instalación de un Puesto de Mando Unificado, así como el ofrecimiento de recompensa para esclarecer el secuestro de Diego Cardona y el presunto homicidio de Andrea Arango, la Gobernación del Valle responde a la actual contingencia. Además, la gobernadora Clara Luz Roldán y su secretario de Seguridad, Camilo Murcia, hacen un llamado al Gobierno Nacional para que se cumpla con el fortalecimiento a la fuerza pública y se “priorice la vida y el bienestar de los vallecaucanos”.

Ya es hora de que el clamor urgente de la región se atienda con responsabilidad y rigor, frente a un panorama que sin duda así lo exige.