Desde el Valle piden que proyectos viales queden especificados en el presupuesto de la Nación

Desde el Valle del Cauca también se prendieron las alarmas por los líos que se han denunciado alrededor del presupuesto de la Nación para este año.

Durante el primer encuentro del Bloque Regional de congresistas, que se llevó a cabo ayer en Cali, se expuso esta preocupación por parte de algunos senadores y representantes, así como gremios del departamento, pues se podrían quedar sin plata importantes obras.

El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana explicó que por ley los rubros de inversión deben estar desglosados por programas, subprogramas y proyectos. Sin embargo, “vemos con preocupación que el decreto 2295 del 29 de diciembre de 2023 y su anexo técnico no especifican al detalle la destinación de $13 billones del rubro de inversión”, de los cuales $7 billones estaban destinados a concesiones.

Esta situación ha generado alarma, dado que al no especificar el gasto, los recursos podrían ser invertidos en proyectos diferentes a los inicialmente planteados.

“Es preocupante la implicación que esto pueda tener en términos de transparencia y acceso a la información. La imposibilidad de conocer el destino específico de estos recursos públicos, en el rubro de inversión para estas entidades, le da opacidad al proceso de ejecución presupuestal, dificultando su supervisión, lo que genera riesgos de corrupción”, dijeron los analistas del Observatorio.

El representante a la Cámara, Víctor Salcedo, explicó que esta situación toca al Valle del Cauca con varias obras como la vía Bogotá- Buenaventura y los recursos que hay en una fiducia para Mulaló -Loboguerrero, que no ha podido iniciarse por un conflicto entre el Gobierno Nacional y el concesionario.

“Yo prendo las alarmas porque se le está haciendo conejo al Valle del Cauca, si no hay detalle en el presupuesto sobre en qué se invertirá el dinero, se corre el riesgo de que se invierta en otra cosa”, dijo.

Agregó que los municipios y departamentos contaban con esos recursos para el desarrollo de los proyectos. “Además, Petro en su afán de ganar adeptos utiliza los recursos argumentando una priorización de la cual se desconoce la metodología”, comentó.

El senador Carlos Abraham Jiménez dijo que no solo se podría afectar el futuro de la Mulaló sino la misma malla vial del Valle, porque la concesión cuenta con vigencias futuras y nadie garantiza que en el 2025 los dineros estén.

“Con lo que propone el Gobierno se puede llevar los $2 billones que hay para la Mulaló (para financiar otra cosa) y si la obra se destraba y se necesita el dinero, pues ya no se contaría con él”.

Según el senador, el Gobierno está haciendo esto porque hay un déficit en el presupuesto y necesita disponer de más recursos para sus compromisos.

“Estamos pidiendo a los entes de control que revisen el tema porque esto es ilegal”, aseguró.

Mariana Caicedo, subdirectora ejecutiva de ProPacífico, manifestó igualmente su preocupación diciendo que en el decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación para el 2024 no se hace la desagregación que por norma debe detallar la inversión en programa, subprograma y proyectos de infraestructura.

“El llamado que estamos haciendo al Gobierno Nacional es que se mantenga el esquema en el que se especifica el monto asignado a cada proyecto y de esta manera poder tener una mayor trazabilidad de los mismos”, sostuvo.

Parálisis en la infraestructura

El presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI, Juan Martín Caicedo Ferrer, quien asistió al Bloque Regional en Cali, también hizo advertencias alrededor del tema del presupuesto. Aseguró que de “manera sorpresiva”, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha dicho que el pago de las vigencias futuras no se realizará de acuerdo con los contratos suscritos, sino en función de decisiones discrecionales relacionadas con el avance de la ejecución física de los proyectos.

“Lo anterior, se vería reflejado en el hecho de que la financiación de iniciativas estratégicas para la competitividad y conectividad del país, como la primera línea del Metro de Bogotá podría quedar en vilo”, comentó.

Agregó que la no expedición del decreto de liquidación del presupuesto ha llevado a que la parálisis ya se sienta en varios programas del Instituto Nacional de Vías como el mantenimiento rutinario de todas las vías nacionales no concesionadas. “También fueron suspendidos los procesos licitatorios de microempresas y administradores viales, cuyo monto para 2024 es de $267.000 millones, porque no es posible la ratificación de las vigencias futuras ya aprobadas”.

Señaló que el Invías no puede licitar el mantenimiento de las carreteras nacionales no concesionadas porque no cuenta con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP).

“En cuanto a los proyectos en ejecución de programas denominados ‘Legalidad y reactivación’, al no poder el Invías expedir los registros presupuestales del 2024, por $2 billones, causaría la suspensión de todas las obras por la imposibilidad de su pago”.

Según la CCI, se estarían afectando 57 proyectos declarados de importancia estratégica.