Banco de la República pide postergar implementación de la reforma pensional: estos son los motivos

El Banco de la República presentó una solicitud formal ante la Corte Constitucional para que, en caso de declararse la Ley 2381 de 2024, se establezca un período de transición de al menos tres meses antes de que entre en vigencia el nuevo régimen pensional.

La petición fue radicada el 11 de julio por el gerente de la entidad, Leonardo Villar, y tiene como objetivo garantizar una implementación ordenada y sin impactos negativos sobre el sistema financiero.

La iniciativa del Emisor se centra en evitar posibles traumatismos derivados de una entrada en vigencia inmediata. Según el documento enviado, es necesario contar con tiempo adicional para que entidades como Colpensiones, el Ministerio de Hacienda y otras instituciones públicas y privadas puedan adaptar sus sistemas tecnológicos y operativos a las nuevas disposiciones legales.

Entre las inquietudes planteadas se encuentra la falta de claridad sobre la fecha exacta en la que comenzaría a regir la reforma y el proceso reglamentario que definirá los lineamientos del nuevo sistema. El Banco advierte que sin estos elementos definidos, se corre el riesgo de generar afectaciones sobre el mercado de valores y el sistema de pagos de pensiones.

El documento también detalla preocupaciones específicas sobre el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (FAPC), una cuenta especial que será administrada por el Banco Central y que financiará pensiones del componente de prima media.

Para que esta operación sea viable, el Emisor necesita conocer con certeza cuándo comenzará a operar la ley y cuándo expedirá el Gobierno los decretos reglamentarios correspondientes.

Por su parte, Asofondos, el gremio que agrupa a los fondos privados de pensiones, también envió una comunicación a la Corte Constitucional con solicitudes similares.

En su carta, la organización pidió establecer una fecha concreta para el reinicio de la implementación, advirtiendo que deben transcurrir al menos dos meses completos después de la sentencia definitiva para realizar ajustes normativos, tecnológicos y operativos.

Asofondos subrayó que el sistema de recaudo a través de la PILA solo permite realizar cobros desde el primer día calendario del mes, por lo que cualquier decisión debe alinearse con ese calendario para evitar complicaciones. El gremio también mencionó tareas pendientes como la actualización de los afiliados en transición y el pago de indemnizaciones suspendidas.

Mientras tanto, la implementación de la reforma continúa en pausa, a la espera del pronunciamiento de la Sala Plena de la Corte Constitucional, previsto para el próximo 23 de julio. Ese día, el alto tribunal deberá decidir si la ley es exequible y si fueron subsanados correctamente los vicios de procedimiento que generaron dudas sobre su validez jurídica.

La decisión que tome la Corte será definitiva para fijar el rumbo del nuevo Sistema de Protección Social Integral y definirá si las recomendaciones de aplazamiento y transición planteadas por el Banco de la República y Asofondos serán acogidas o no por el alto tribunal.