Los sofisticados métodos para el reclutamiento de menores en Colombia: desde redes sociales hasta promesas de amor

Niños, niñas y adolescentes son el ‘material de guerra’ más utilizado por guerrillas y grupos organizados en el país. Esta práctica atroz se ha naturalizado a lo largo de más de cinco décadas del conflicto armado, en medio de la incapacidad del Estado para prevenir este delito y la indiferencia de una sociedad que solo da cuenta de su existencia cuando aparece en las noticias la muerte de menores en medio de bombardeos y combates militares.

El hecho más reciente sacudió a los colombianos la semana pasada, cuando se conoció que al menos quince de ellos han muerto desde agosto en ‘enfrentamientos’ con la Fuerza Pública.

Esto luego de que la Defensoría del Pueblo revelara que en los bombardeos del 10 de noviembre en el Guaviare, sur del país, contra disidencias de ‘Iván Mordisco’, siete niños, niñas y adolescentes, NNA, perdieron la vida, tras lo cual recordó al Gobierno que “el Derecho Internacional Humanitario (DIH) establece límites estrictos, incluso en el marco de las hostilidades”.

Además, precisó que, aunque en los campamentos de los grupos armados ilegales se encuentren menores y hayan perdido el estatus de civil y convertido en combatientes, es decir, con funciones continuas de combate, “esto no habilita la posibilidad de un ataque”.

El presidente Gustavo Petro, por su parte, el pasado jueves, en una alocución televisada, pidió perdón a las madres de los muertos en combate, pero también aclaró que se trató del fallecimiento de “menores combatientes”, luego de señalar que esta discusión pública tiene “objetivos políticos”.

El Mandatario justificó la acción militar basado en tres conceptos del Derecho Internacional Humanitario que definen lo que es un menor combatiente. “Primero, el que hace parte de la estructura de un grupo armado; segundo, entrenamiento en las hostilidades y tercero, equipados con armas e intendencia para la guerra”, precisó.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien enfrenta una moción de censura en el Senado por estos hechos, en la red social X aseguró: “2411 menores reclutados por grupos armados criminales han sido rescatados durante este Gobierno. Frente al año anterior, logramos una reducción del 34 % de este crimen de guerra y de lesa humanidad, que no prescribe y es perseguido internacionalmente”.

Altísimo subregistro

La Defensoría del Pueblo afirmó que este delito ha venido creciendo en Colombia en los últimos años.

“Según el subregistro que tenemos, porque no es total, el año pasado cerramos con 625 reclutamientos reportados, la mayoría de ellos en el departamento del Cauca, siendo las comunidades indígenas y afrodescendientes los pueblos étnicos que más lo sufren con un 48 % y 6 %, respectivamente”, indicó la titular de ese organismo, Iris Marín.

Agregó que hay otros departamentos con alto impacto como Antioquia, Norte de Santander, Chocó, Nariño, Putumayo, y Caquetá. Entre enero y el 31 de octubre de 2025, la cifra llegó a 162 denuncias.

El Estado Mayor Central de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ es el mayor reclutador; seguido de disidencias sin especificar; el ELN y el Ejército Gaitanista de Colombia (ver gráficos).

Andrés González Díaz, exministro de Justicia y director del Centro de Paz y Seguridad de la Universidad Externado, aseguró que ahora, con los bombardeos, se ha puesto de presente este delito, que existe desde que nacieron los grupos armados ilegales.

“Comprende no solamente el reclutamiento, sino la vinculación, el hecho de exponer a niños y niñas a actividades propias del conflicto, tanto al interior de los grupos armados como incluso en operaciones de combate que los someten a gravísimas situaciones de riesgo, de tal manera que muchos de ellos han muerto por esa situación”, condenó.

Agregó que “hay mucha diversidad en las cifras, porque es una actividad que se mantiene en la sombra y que solo se descubre cuando, las víctimas se registran, lo cual no ocurre siempre; cuando son rescatadas por la Fuerza Pública, o logran evadirse; o también cuando se producen soluciones políticas a los conflictos, como fue el caso de la Farc”.

Una de las mayores “atrocidades” es el reclutamiento forzado del cual se deriva el desplazamiento de cientos de familias en el país. "Cuántas personas de los sitios más alejados de Colombia que huyeron para evitar el reclutamiento de niños. Hay casos aún más graves, hay casos de suicidios de muchachitos, que prefieren eso antes de caer en el reclutamiento forzado", subrayó González.

Métodos sofisticados de reclutamiento

Pero ahora los grupos armados ilegales tienen métodos muchos más sofisticados para cooptar o reclutar menores a sus filas.

“Entre ellos, las redes sociales como Facebook o Tik Tok, que, por lo que nosotros hemos investigado desde Indepaz, viene incrementando el uso de estos medios tecnológicos para reclutar y atraer no solo niños, sino también niñas, porque sabemos que el número de ellas que han sido reclutadas en los últimos años viene en aumento también”, comentó Juana Cabezas, investigadora de esa entidad.

Han transformado sus maneras, según Cabezas, pues con redes pueden llegar a todo el país sin necesidad de estar fisicamente y también es menos costoso.

Otros mecanismos, advierte Nicolás León, de la Fundación Pares, son promesas de propuestas económicas u otros incentivos que hacen lucir la vida en el grupo armado ilegal como una salida atractiva para ellos ante las situaciones de vulnerabilidad que habitan en sus territorios: pobreza y falta de oportunidades educativas y laborales.

Iván Carvajal, experto en seguridad, sostuvo que en el Cauca hay un caso muy crítico ahora y es que van directamente a las escuelas, a los colegios, es decir, directamente hacen reclutamiento en los centros educativos. “Y si son centros educativos de resguardos indígenas o de consejos comunitarios, pues es mucho más crítica la situación”, dijo.

Otro método es ofreciendo plata directamente, como una especie de sueldo, un reclutamiento casi abierto para muchachos ya adolescentes de 16 y 17 años que “casi que de manera voluntaria van y se incorporan porque les ofrecen un sueldo o algún tipo de dádivas, pero en eso también hay mucho engaño y también hay mucha presión a las familias”.

Según la Defensoría, para identificar o atraer personas víctimas, se usan diferentes mecanismos. “Si bien está el ejercicio forzado y violento, se ha evidenciado con mayor frecuencia el uso del engaño a través de ofertas laborales, académicas, deportivas, la seducción y la manipulación emocional, especialmente con adolescentes que se sienten atraídos /as por las promesas hechas por integrantes de estas agrupaciones, así como el aprovechamiento de las condiciones de vulnerabilidad de las personas, que son seducidas por las promesas de acceso a una alta remuneración económica”.

Estos mecanismos se mezclan y son cada vez más sofisticados, más rentables y menos visibles para las autoridades, según la entidad.

Advierte además que para la captación se aprovechan también los lazos de amistad, vecindad y educativos, lo que complejiza la identificación del delito amparado en un supuesto ‘consentimiento’.

Este tipo de mecanismos es ejercido principalmente por las organizaciones criminales y delincuenciales que tienen presencia sostenida en el territorio, pues la captación que no es forzosa, requiere de tiempo para ganar la confianza y establecer el vínculo con la víctima.

Al respecto, Willy Valdivia, experto en seguridad, precisó que en ciudades como Cali, por ejemplo, en varios sectores se registra una coincidencia territorial entre programas comunitarios, fundaciones y presencia de reclutadores.

“No se trata de cuestionar a las organizaciones sociales, sino de reconocer que los grupos armados han aprendido a penetrar estos espacios como zonas de observación, aproximación y camuflaje, una técnica que luego extienden a municipios periféricos y áreas rurales del litoral y la cordillera”.

Cali y el resto del Valle

El Valle del Cauca no es ajeno a esta problemática. Cali, por ser una ciudad región, se convierte en un lugar estratégico para diferentes actores criminales.

En la Alerta Temprana número 012 de agosto de 2025, la Defensoría detalla que “en Cali son frecuentes todas las formas de vinculación de niños, niñas y adolescentes a grupos armados ilegales. En los grupos armados organizados, el reclutamiento forzado se ha extendido como una estrategia para incrementar el número de sus integrantes, aún más en un escenario de continua fragmentación de estas agrupaciones”.

El monitoreo realizado señala que las personas de las comunas 1, 4, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 20 y 21 han sido las más impactadas por el reclutamiento forzado.

El güireo y el chacaleo, en el oriente de Cali, son prácticas que han sido identificadas por parte de las autoridades como “una puerta de entrada” a la vinculación de menores a los diferentes grupos ilegales que tienen influencia en el territorio.

Según han señalado, las oficinas de cobro identifican a los adolescentes que tienen más habilidades para atraerlos a su organización o incluso los grupos armados organizados,

La capital vallecaucana, según Willy Valdivia, experto en seguridad, el año pasado reportó 570 personas desaparecidas, 162 (28 %) eran menores de edad.

“Es un fenómeno que coincide con investigaciones regionales sobre trata, explotación sexual y reclutamiento forzado en el Valle, Cauca y Nariño”, dijo.

Y agregó: Lo que ocurre en Cali es el eslabón urbano de una cadena criminal mucho más amplia. Desde Jamundí y Puerto Tejada hasta Tumaco, pasando por Buenaventura, Miranda, Toribío y el norte del Cauca, se observa la misma ecuación: territorios con débil presencia estatal, amplia vulnerabilidad social y estructuras criminales con capacidad de cooptación.

“Cali funciona como un nodo de captación. Las rutas estratégicas del suroccidente actúan como corredores de movimiento y las zonas rurales sirven para consolidar el control sobre los menores reclutados”, añadió.

En los municipios de Florida y Pradera, entre tanto, se han identificado dos grupos armados ilegales en disputa, mientras que en Andalucía y Bugalagrande, el enfrentamiento entre grupos criminales tiene en riesgo la seguridad de la población urbana.

En Bolívar, Riofrío y Trujillo hay graves riesgos de violaciones a los Derechos Humanos, derivados de la posible confrontación armada entre los Grupos Armados Organizados (GAO): Ejército Gaitanista de Colombia (EGC); ELN, Nuevo Estado Mayor Central (EMC), a través del Frente Jaime Martínez;, y el grupo criminal ‘Rastrojos Nueva Generación’.

En esta región, según la Mesa Departamental de Reclutamiento, se denunciaron 116 casos en 2024.

La Secretaría de Seguridad confirmó que, en el Valle del Cauca, en los últimos tres años han crecido los grupos organizados residuales en un 36 %.

Pero Guillermo Londoño, titular de esa dependencia, admitió que todos los esfuerzos en campañas de prevención, rutas de acompañamiento y divulgación de los métodos siguen siendo insuficientes: “Se requiere ayuda del Estado para combatir este flagelo, solos no podemos”.

Cauca, donde más se llevan niños y niñas

Edwin Mauricio Capaz, coordinador del área de Derechos Humanos del Cric (Consejo Regional Indígena del Cauca), advirtió que si bien hay hoy un boom mediático sobre el reclutamiento de niños y niñas, “hay que decir que este fenómeno viene desde mucho antes, que la institucionalidad de alguna forma conocía estos hechos, pero que no estaban siendo abordados de manera profunda, ni aún están siendo abordados de manera profunda. Lo que hoy tenemos es una exposición a la opinión pública de una realidad bastante fuerte”.

En medio de este panorama, aseguró, las comunidades indígenas están llevando la peor parte, en la medida en que este delito se ha intensificado y focalizado en sus territorios.

“El Observatorio de Derechos Humanos del Cric da cuenta de al menos 750 niños reclutados en los últimos 3 años”, dijo y se quejó de la falta de respuesta efectiva del Estado.

“El reclutamiento tiene múltiples mecanismos. Utiliza redes sociales, contacto directo, acercamiento a las familias, comunidades e instituciones educativas; utiliza celulares y motos como incentivos, economía rápida. Los actores armados están cerca a las poblaciones y usan niños para reclutar a otros niños, trasladan menores a otros departamentos; pero esto, que es una modalidad de acción bastante ágil por parte de los grupos ilegales, tiene una respuesta institucional muy lenta todavía por parte del Estado”, denunció Capaz.

Por ejemplo, explicó, los fines de semana no cuentan con respuesta institucional, porque las oficinas están cerradas: “Los armados saben eso y entonces concluyen el reclutamiento un sábado, un domingo o un festivo. Y ahí no tenemos respuestas”.

La reacción de las comunidades ha permitido rescatar 80 menores, pero “estamos en una gran desventaja operacional y logística frente a los grupos armados”.

Los municipios más impactados con este delito son los del norte del Cauca: Toribio, Caloto, Corinto, Jambaló, Suárez, Buenos Aires, los de la zona nororiente como Caldono, Silvia y los municipios de Tierra Adentro, Páez e Inzá y el de Morales.

“Lo más doloroso, yo creo, es que se le quite su niñez a cada persona. Hemos encontrado niños con odios infundados, hemos encontrado niños en que su vida, su pensamiento, su rutina, sus costumbres, sus horarios, sus confianzas, han sido absolutamente militarizadas. Desmilitarizar el pensamiento, el espíritu, la confianza y la visión, la forma de comunicarse es bastante complicado", afirma Capaz..