El millonario costo de las precampañas electorales prende alertas sobre financiación y control

Aunque la campaña presidencial aún no comienza oficialmente, el dinero político ya se mueve con fuerza. La Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió que entre marzo y octubre de 2025 los aspirantes presidenciales invirtieron cerca de 799 millones de pesos solo en publicidad digital.

Un informe, presentado ante la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, revela que 42 cuentas activas en plataformas de Meta como Facebook e Instagram registraron inversión en anuncios con contenido político, mientras que no hay trazabilidad en redes como TikTok o YouTube, donde la información no es pública: “Garantizar el acceso a la información financiera y la rendición de cuentas es clave para fortalecer la confianza ciudadana y prevenir irregularidades”, afirmó Alejandra Barrios Cabrera, directora de la MOE, al presentar los hallazgos.

La organización también alertó sobre la “realización extemporánea de actos de proselitismo y difusión de propaganda electoral” a los que han recurrido aspirantes a la Presidencia (como el reciente acto de Abelardo de la Espriella con concierto), así como la falta de control sobre los recursos usados para financiar esas estrategias.

Cabe mencionar que la Constitución asigna al Consejo Nacional Electoral (CNE) la tarea de velar por la transparencia y legalidad de los procesos electorales, lo que incluye la supervisión de la financiación política. En teoría, esta función se ejerce de manera permanente, pero en la práctica solo se activa plenamente una vez los candidatos se inscriben oficialmente.

“El CNE puede iniciar acciones de monitoreo de oficio, cuando considera que existe un riesgo o irregularidad que amerita verificación, o por queja ciudadana, cuando alguien pone en conocimiento hechos que podrían constituir violaciones a las normas”, señaló la MOE.

Sin embargo, la ausencia de los tribunales limita la capacidad de actuación territorial, especialmente en materia de propaganda, financiación y cumplimiento de reglas de campaña.

Alejandro Sánchez, coordinador de la MOE, explicó que “nosotros como Misión de Observación Electoral comenzamos el proceso de observación de las elecciones desde hace algún tiempo. El calendario electoral tiene muchos momentos. Hay uno de los monitoreos especiales que hacemos, que es la inscripción de cédulas, que lo venimos haciendo desde mayo”.

Sánchez detalló que en temas de financiación “los candidatos y los partidos tienen la obligación de hacer un reporte a Cuentas Claras, que es un aplicativo. Eso lo establece una resolución del Consejo Nacional Electoral, la 4737 de 2023, y hay al menos otra resolución que es relevante, la 3569 de 2023, que tiene que ver con que los partidos tienen que tener una auditoría interna y externa que responde por estos reportes”.

El coordinador de la MOE precisó que “la campaña generalmente comienza cuatro meses antes de las elecciones, estamos hablando de que en noviembre comienza ese proceso. Los candidatos deben tener libros contables, una cuenta única de campaña, un contador y un gerente”.

Vacíos en el control

La MOE identifica tres vacíos principales en esta etapa: El primero, el de los comités de grupos significativos de ciudadanos, que pueden desarrollar actividades de promoción sin someterse a los mismos controles que las campañas formales.

El segundo, el momento de actuación del CNE, cuya intervención solo es posible después de la inscripción de candidaturas.

Y el tercero, el más difícil de rastrear: la propaganda digital en plataformas sin bibliotecas de anuncios. La organización advierte que “en aquellas plataformas que carecen de bibliotecas públicas, de anuncios o de reportes auditables, no es posible verificar de forma independiente los montos invertidos, los ordenantes del gasto, la segmentación y el alcance”.

Para Luis Ojeda, profesor de Ciencia Política de la Universidad Javeriana de Cali, la falta de control financiero tiene efectos directos sobre la equidad de la competencia electoral.

“Hay que decir que la cancha está desbalanceada y está favoreciendo a aquellos candidatos al Congreso y sobre todo a la Presidencia quienes están iniciando procesos de recolección de firmas e inscripción de grupos significativos de ciudadanos, puesto que ellos ya están ‘encampañados’ y esto les termina favoreciendo para posicionar su imagen”, señaló.

Ojeda agregó que el mal funcionamiento del aplicativo encargado de enviar informes de ingresos y gastos de las campañas políticas, Cuentas Claras, “genera riesgos porque hay opacidad en la información. Muchos precandidatos están aprovechando ese vacío para poder llevar a cabo eventos multitudinarios financiados con recursos de familiares, con donaciones, con recursos privados”.

Y enfatizo en la importancia de que “los ciudadanos puedan conocer el origen de estos recursos porque de esa manera las democracias se solidifican. Si no sabemos cuánto dinero se usa, empieza a generarse temor en la información”.

La visión del CNE

Desde el Consejo Nacional Electoral reconocen que el sistema presenta debilidades estructurales.

Según una fuente de la entidad, “vacíos hay muchos: no existen sistemas interoperables que permitan hacer seguimiento a los gastos de campaña, sobre todo en las regiones. Entidades como la UIAF y la DIAN no comparten información; no hay comunicación entre Cuentas Claras y bases de datos como Secop y Sigep que permitan detectar aportes prohibidos, tampoco con la Fiscalía”.

En cuanto a la operatividad del aplicativo Cuentas Claras, solo se habilita cuando ya están todos los aspirantes a la presidencia inscritos “desde ese momento los candidatos pueden empezar a registrar”. Esto significa que no inspecciona la actividad financiera previa.

Para Yann Basset, analista político y profesor de la Universidad del Rosario, “los medios de comunicación digitales son muchísimo más difíciles de vigilar y es la razón por la cual tenemos tanta campaña disfrazada, diría yo, en redes sociales en este momento”.

El académico explicó que “es una manera de saltarse un poco la norma sobre propaganda electoral que limita el periodo de campaña propiamente dicha a tres meses antes de la elección. No estamos todavía en periodo de campaña, pero a través de las redes sociales hay una especie de precampaña evidente. Se supone que no se gasta realmente, pero en realidad sí, y esto escapa a la regulación sobre campañas electorales”.

El analista Sergio Guzmán señaló que tras el magnicidio del precandidato Miguel Uribe Turbay, se transformó aún más la manera de hacer campaña, desplazándose a las redes sociales, dónde para él, hay menos controles sobre el gasto, tanto en materia financiera como en la veracidad de las afirmaciones.

“Será una campaña en donde va a pulular la desinformación y la campaña sucia en redes sociales, y algo de ello puede ser directamente a través de propaganda de los candidatos”, explicó.

En suma a ello, según él, “esa cifra de 800 millones puede ser únicamente la que los candidatos reportan a las aplicaciones como Meta, pero hay otro tanto en TikTok, en Twitter, en otras plataformas que no van a ser tan transparentes”.

En esa línea, Andrés Dávila, profesor titular del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Javeriana, opinó que “con esa cantidad de candidatos y demás, hay una sensación de inflación de los costos. Los candidatos están en decisiones estratégicas de cuánto meten por los sistemas tradicionales y cuánto por las redes”.

Para Juan Pablo Milanés, profesor de Ciencia Política de la Universidad Icesi, “la equidad desde ese punto de vista es un ideal muy poco alcanzable. Buena parte de esos gastos nunca se declaran y la asimetría de los recursos para campañas es muy grande”. Además, considera que “los topes establecidos por la ley no son realistas; son demasiado bajos para lo que realmente cuesta una campaña”.

Por su parte, el mentor político Jaime Gutiérrez afirma que “no se trata de equidad o no equidad por invertir recursos. Aquí se trata de que si usted quiere ser una figura política viable y visible tiene que invertir dinero en cualquier escenario. Los candidatos están aprovechando los mismos vacíos normativos de hace cuatro años para posicionar sus marcas políticas antes del inicio oficial de campaña”.

Destaca que “cada día las campañas políticas se juegan más en el espectro digital, en el espectro de la atención inmediata”.

Explica que hacer campaña en entornos digitales es más viable: “todo lo que se invierte en publicidad digital sigue siendo más barato que realizar grandes marchas o reuniones donde hay que invertir en locación, transporte y alimentación”.

Para Gutiérrez, “hacer política electoral necesita y requiere de dinero. Si así no fuese, cualquier ciudadano con muchas mejores ideas sería el líder del país, pero no lo son porque no tienen el dinero necesario para invertirle al ejercicio político. Campaña pobre, pobre campaña: si usted quiere ser un candidato exitoso, tiene que invertir dinero”.

El panorama que exponen las fuentes consultadas es claro: la política colombiana ya corre a toda velocidad en redes sociales, mientras la regulación avanza a paso lento.

La MOE insiste en que garantizar el acceso público a la información financiera y fortalecer la rendición de cuentas es crucial para fomentar la confianza ciudadana.

Por ahora, la campaña presidencial para las próximas elecciones no ha comenzado, pero el gasto sí.