Reclusa denunció haber sido víctima de abuso sexual y quedar embarazada en una cárcel de Colombia

Las cárceles de Colombia se han convertido en un verdadero mecanismo de supervivencia para los reclusos, quienes enfrentan no solo la privación de libertad, sino también un entorno de violencia que se intensifica para las mujeres.

Esta situación se ve reflejada en el caso de Andrea Valdés, una reclusa de 30 años que denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte de dos guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en la cárcel El Pedregal, en Medellín.

Según la información publicada por el medio de comunicación Semana, Andrea Valdés fue trasladada el 12 de junio de 2024 a una Unidad de Tratamiento Especial (UTE) de la cárcel El Pedregal tras un incidente ocurrido dentro de la prisión.

Este traslado, que se realizó supuestamente para garantizar su seguridad, se convirtió en la circunstancia en la que, presuntamente, dos guardias del Inpec habrían abusado sexualmente de ella.

En su declaración, Valdés detalló que uno de los guardias la atacó el 29 de agosto de 2024, y que, al enterarse de la situación, la víctima fue amenazada de muerte por el agresor si llegaba a contar lo sucedido.

“A medianoche ingresó un tipo sin chaqueta (...) cuando de repente me coge del brazo, me tira al planchón y me baja el pantalón de la pijama” explicó Andrea, quien dijo que le fue imposible defenderse de esa dolorosa situación.

En su testimonio, Andrea mencionó que se enfrentó a guardar silencio como una medida impuesta por el miedo, lo que la obligó a guardar su sufrimiento durante un tiempo.

La denuncia no fue fácil, pues, según relató, se encontró con múltiples obstáculos que intentaron silenciar su voz.

Nuevo caso de abuso

Luego de ser víctima de esa escalofriante situación, Andrea Valdés explicó que se convirtió en “presa fácil” de estos sujetos y nuevamente la historia se repitió con otro guardia del Inpec.

“El 5 de septiembre, como a las dos de la madrugada, ingresa a mi celda otro sujeto a lo mismo (...)”, expresa la reclusa, quien dijo que fue atacada físicamente.

Lo más alarmante de este caso es que, como consecuencia de la presunta violación, Andrea quedó embarazada.

Ante la situación, las autoridades comenzaron a presionar a la reclusa para que interrumpiera su embarazo. Según su testimonio, el subdirector de la prisión, Carlos Arturo Yepes, solicitó una cita médica sin su consentimiento, donde se le preguntó en repetidas ocasiones si deseaba abortar.

A pesar de su negativa rotunda frente a esa propuesta, la mujer vivió una experiencia aún más traumática cuando, días después, experimentó efectos secundarios tras ingerir un almuerzo.

Fue entonces cuando, al ser trasladada al Hospital General de Medellín, se descubrió que había ingerido Cytotec, un medicamento utilizado para inducir abortos. Este hallazgo pone en evidencia un intento de aborto forzado en el sistema penitenciario.

Después de las amenazas y los abusos sufridos, Andrea fue trasladada a la cárcel El Buen Pastor en Bogotá, donde pudo finalmente denunciar los hechos ante la Fiscalía.

Sin embargo, la reclusa no ha dejado de recibir amenazas. A través de una intimidante llamada, le advirtieron que la seguirían persiguiendo y que no podría escapar de su destino.

La situación ha puesto en evidencia no solo el abuso dentro de las cárceles, sino también la vulnerabilidad a la que están expuestas las mujeres privadas de la libertad.

En su búsqueda por la justicia y la protección de su vida, Andrea solicitó apoyo a través de su abogado, Felipe Alzate, quien le pidió al Ministerio de Justicia que se tomaran medidas urgentes para su seguridad, incluyendo el traslado a una prisión fuera del control del Inpec.

La solicitud de prisión domiciliaria aún está pendiente, ya que su estado de salud y el embarazo ponen en riesgo su integridad.

El caso de Andrea Valdés ha desencadenado investigaciones tanto por parte de la Fiscalía como de la Procuraduría.

Pues recientemente, se llevaron a cabo operativos en la cárcel El Pedregal para recabar pruebas sobre los hechos denunciados.

Ante ello, la Procuraduría también convocó reuniones con representantes del Inpec y la Defensoría del Pueblo para asegurar que se realicen las investigaciones adecuadas y se esclarezca la situación.

Es importante resaltar que las amenazas recibidas por Andrea y su situación de vulnerabilidad han resaltado la urgencia de reforzar el sistema penitenciario colombiano y de garantizar los derechos de las mujeres que se encuentran privadas de libertad.

Finalmente, Andrea continuará cumpliendo su condena de 28 años por el delito de homicidio agravado, mientras espera que se le otorguen las garantías necesarias para proteger su vida y la de su hijo, buscando así la tranquilidad que tanto necesita en su situación.