JEP estudia las sanciones que se impondrán a miembros del Secretariado de las antiguas FARC-EP

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) avanza en el juicio contra los ex integrantes del antiguo Secretariado de las Farc por los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado, en el llamado Caso 01, que juzga la toma de rehenes y otras graves privaciones de la libertad.

En esta etapa del proceso, el Tribunal para la Paz analiza las condiciones técnicas y financieras para imponer las sanciones propias a quienes han reconocido su responsabilidad y aportado verdad.

Las sanciones propias que impondrá la JEP tienen un componente restaurativo y otro retributivo. El primero consiste en trabajos, obras o actividades con enfoque reparador para las víctimas, mientras que el segundo implica restricciones de derechos y libertades.

Desde noviembre de 2024, la Sección de Reconocimiento de Verdad, con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva de la JEP, lidera una serie de mesas técnicas junto a instituciones del Gobierno. Estos espacios tienen como objetivo garantizar la viabilidad técnica y financiera de los proyectos restaurativos que se impondrán como parte de la sentencia.

Entre marzo y abril de 2025, se desarrolló la segunda ronda de estas mesas, coordinadas por la Subdirección del Sistema de Justicia Restaurativa y el despacho del magistrado Camilo Suárez Aldana. En ellas participaron entidades del orden nacional y local para estructurar proyectos en cuatro líneas restaurativas: ‘Memoria y reparación simbólica’, ‘Búsqueda de personas dadas por desaparecidas’, ‘Medio ambiente, naturaleza y territorio’ y ‘Acción integral contra minas antipersonal’.

La primera jornada estuvo dedicada a la construcción de iniciativas en memoria y reparación simbólica. Participaron 14 entidades, entre ellas el Ministerio de las Culturas, el Ministerio de Educación, la Unidad para las Víctimas, el Centro Nacional de Memoria Histórica y el Departamento Nacional de Planeación.

En la segunda jornada, las discusiones se centraron en propuestas para la búsqueda de personas desaparecidas. Estuvieron presentes la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), el Ministerio de Salud y entidades con experiencia en atención psicosocial, forense y de derechos humanos.

En el tercer encuentro se discutieron proyectos ambientales. Una de las iniciativas que se analiza contempla el desarrollo de prácticas ecológicas y sostenibles en la región del Sumapaz, en Bogotá, como medida de reparación colectiva.

La última jornada abordó la acción integral contra minas antipersonal. Las propuestas giraron en torno a la mitigación del impacto de los explosivos sobre las víctimas y las comunidades. Participaron la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Ministerio de Defensa, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y otras instituciones.

La Subdirección del Sistema de Justicia Restaurativa concluyó que los proyectos restaurativos “son el vehículo para la imposición de las sanciones propias”. Estas iniciativas no solo deben tener respaldo financiero, sino también ser sostenibles y concertadas con las entidades competentes.

Al cierre de las mesas, el Gobierno presentará un informe consolidado con la oferta institucional para cada línea restaurativa. Este ejercicio técnico busca garantizar que la sentencia proteja los derechos de las víctimas, ofrezca seguridad jurídica a los comparecientes y cumpla con los estándares internacionales establecidos para la justicia transicional.

*Con información de Colprensa