Gestarsalud se pronuncia sobre el estado financiero de las EPS, tras el informe de la Contraloría

Después de que este lunes la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) que reúne a las 11 más importantes EPS del país se pronunciara sobre el informe de la Contraloría, el cual aseguró que 26 EPS en Colombia acumulan una deuda total de 25 billones de pesos con IPS y proveedores, este martes la Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento en Salud en Colombia (Gestarsalud), el gremio que reúne a las EPS del régimen subsidiado más importantes del país, también realizó una serie de observaciones respecto a lo que dio a conocer el ente de control.

En primer lugar, este gremio asegura que presuntamente el informe incluye las reservas técnicas como deudas que tienen las EPS con la red prestadora de servicios de salud y con los proveedores de tecnologías en salud. Por lo tanto, sobre las reservas técnicas indican que “no son deudas ciertas”.

El segundo aspecto que señalan es que la mayor parte de las cuentas por pagar son corrientes, ya que esto con el informe de la Contraloría resalta que “el 93,5 % de la cartera total de las EPS con las IPS es menor de un año; es decir, que son deudas que se concentran en la cartera corriente”.

Asimismo, Gestarsalud asegura que todas las EPS han estado cumpliendo con la obligación de registrar en sus estados financieros las reservas técnicas. “La Superintendencia Nacional de Salud, en su informe publicado en octubre de 2023, no señala que alguna EPS haya incumplido con esta obligación. No han efectuado las inversiones de las reservas técnicas porque la UPC es insuficiente para pagar todos los servicios y además constituir las inversiones para posibles deudas”.

El cuarto punto tiene que ver con la no constitución de las inversiones de las reservas técnicas, de la cual aseguran que “es evidencia de un problema estructural de la financiación del aseguramiento del SGSSS. Si la UPC no es suficiente para cubrir la operación corriente, como lo muestra el indicador de siniestralidad superior al 100%, tampoco lo será para respaldar la reserva técnica, que se invierte con los mismos recursos de la prima o UPC”.

El quinto aspecto se relaciona al anterior, ya que afirman que los recursos de la UPC se encuentran reconocidos y girados. “Se reconocen por la ADRES en fechas predefinidas que usualmente se cumplen; el problema no radica en la oportunidad de giro de UPC sino en la suficiencia de la misma. El equilibrio entre el valor de la UPC y el Plan de Beneficios no existe.

En el último punto, el gremio indica que lo que refleja el análisis de la Contraloría más allá de las posibles inconsistencias que algunos han hecho notar, “es lo que las EPS han venido diciendo hace meses”.

“El país tiene una desfinanciación estructural y esta continuará con o sin reforma; se requiere en el corto plazo la revisión de la UPC, acelerar los trámites para que se pague lo que se debe de presupuestos máximos, operar todos los mecanismos para que los recursos lleguen con mayor prontitud al prestador de servicios y proveedor de tecnologías de salud y que se activen mecanismos para otorgar liquidez inmediata al sector que puede ejecutar la ADRES conforme a la ley. En el largo plazo se requiere pensar estructuralmente en el financiamiento y sostenibilidad”, concluye el gremio en su comunicado.