Fueron imputados 28 miembros retirados del Ejército por 604 casos de falsos positivos en el Caribe colombiano

Mientras avanzan las investigaciones del macrocaso 03 en las que están involucrados los miembros de la Fuerza Pública que hayan sido máximos responsables de ejecuciones extrajudiciales más conocidos como falsos positivos, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llevó a cabo la octava imputación.

En esta ocasión, fueron 28 los exmilitares retirados del Ejército Nacional, entre ellos tres generales, por 604 casos de falsos positivos que se cometieron entre 2002 y 2008 en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.

Algunas de las víctimas fueron 31 indígenas de los pueblos Wiwa, Wayú y Kankuamo; 26 menores de edad y 14 mujeres, una de ellas embarazada. Mientras que 122 aún no han podido ser identificadas.

Adicionalmente, fueron imputados siete coroneles, tres tenientes coroneles y cuatro mayores, entre otros oficiales y suboficiales de la institución castrense.

“Esta es la imputación que más territorio abarca, con 19 unidades militares adscritas a la I División del Ejército, este auto confirma una vez más los patrones macrocriminales que hemos identificado en Huila, Norte de Santander, Dabeiba, en el cementerio las Mercedes y otros más”, aseguró el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli.

Según el tribunal de paz, hasta hoy ha habido un total de 211 imputaciones en el marco de los distintos macrocasos que están en investigación. De esta cifra, 131 han sido formuladas contra integrantes de la fuerza pública, 76 contra miembros de las extintas Farc, 3 contra civiles y uno contra un exagente del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Además de las 604 víctimas de falsos postivos, la JEP documentó otras 13 personas que fueron asesinadas y presentadas de manera falsa como bajas en combate antes del 2002 y después del 2008.

“La Sala de Reconocimiento determinó que cada uno de los imputados tuvo un rol esencial en la configuración del patrón criminal y participó en conductas especialmente graves y representativas, sin las cuales no se hubiera desarrollado y perpetuado el plan criminal”, advirtió la JEP.

El tribunal concluyó que el 76% de las bajas en combate analizadas, reportadas entre enero de 2002 y octubre de 2008 por las 19 unidades militares investigadas, fueron falsas. De los 358 eventos ilegales encontrados, 303 ocurrieron entre 2004 y 2007, con 517 de las 604 víctimas identificadas en la investigación del Subcaso Costa Caribe II.

A raíz de estas imputaciones, la JEP ordenó medidas cautelares para proteger sitios de interés forense donde podrían encontrarse víctimas de desaparición forzada, ya que la prioridad para las familias de las víctimas es encontrar los restos de sus seres queridos. Uno de estos es el cementerio de San Juan del Cesar, en La Guajira.