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Defensoría del Pueblo exigió al Gobierno y la Aerocivil garantizar los derechos de los viajeros
En las últimas semanas, aproximadamente 90.000 pasajeros se vieron afectados por los retrasos y cancelaciones de los vuelos en el Aeropuerto Internacional El Dorado.
La Defensoría del Pueblo le solicitó al Gobierno Nacional y la Aeronáutica Civil tomar medidas rápidamente para que se le garanticen los principios constitucionales del transporte de los ciudadanos.
De acuerdo con el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, “las autoridades competentes a cargo de las funciones relacionadas con el control, la planeación, regulación y vigilancia en el sector deben indagar lo que actualmente está sucediendo”.
Y agregó que: “Es oportuno adelantar las averiguaciones que permitan establecer la realidad de los hechos y determinar acciones en procura de alcanzar soluciones al grave problema, que vulnera los derechos de los viajeros”.
Es importante mencionar que en las últimas semanas, más de 90.000 pasajeros se vieron afectados con los retrasos y cancelaciones de los vuelos tanto de ingreso al Aeropuerto Internacional El Dorado como de salida de dicha terminal aérea.
Además, se supo que entre el 17 y el 21 de noviembre, 600 trayectos presentaron demoras, también hubo 400 cancelaciones de vuelos programados por las distintas aerolíneas.
No obstante, la compañía se encargó de reacomodar al 100% de los afectados en otros viajes, al tiempo que les dio la posibilidad de modificar sus tiquetes, sin penalidad alguna.
Mientras que a los pasajeros que escogieron viajar en Latam y tuvieron inconvenientes con los horarios programados, la empresa aérea les ofreció la opción de reprogramar sus vuelos dentro de los tres días siguientes, sin cargo adicional.
“Le solicitamos a la Aerocivil que explique con claridad si lo presentado es consecuencia de la falta de controladores aéreos o por ausencia de personal en las áreas que ayudan a la navegación aérea”, indicó el Defensor del Pueblo.
Adicionalmente, Carlos Camargo hizo un llamado para que se revisen los derechos laborales de los funcionarios del control aéreo, ya que se estarían viendo expuestos a extensas horas de trabajo, lo cual derivaría en cansancio físico y mental, situación que afectaría su concentración y productividad, poniendo en alto riesgo las operaciones aéreas.
