Paloma Valencia recusa al magistrado Héctor Carvajal para debate de reforma pensional

Con ocasión del debate de la reforma pensional, una de las que se encuentra en el Congreso de la República actualmente, la senadora por el Centro Democrático, Paloma Valencia, presentó una recusación ante la Corte Constitucional para que el magistrado Héctor Carvajal no participe en la discusión.

Así lo dio a conocer, por medio de un comunicado en el que contó que acudió al recurso legal y pidió a Carvajal que se aparte de los debates, al considerar “que no hay garantías de imparcialidad” por parte suya.

En el documento, Paloma Valencia enumeró el contrato de Carvajal con Colpensiones en el que evidenció el vínculo que existió en este 2025, razón por la cual estaría impedido para hacer parte del debate, y pidió a la administradora pública de pensiones conceptos jurídicos relacionados con la constitucionalidad de la reforma Ley 2381 de 2024.

“La causal haber conceptuado sobre la constitucionalidad de la disposición acusada prevé como impedimento el que un magistrado se haya pronunciado sobre la materia objeto de debate y tiene como finalidad evitar que el funcionario haya prefigurado conceptos en relación con la constitucionalidad de la norma, dentro o fuera del proceso, lo resuelva, para que así se garantice su imparcialidad en la decisión”, se lee en el comunicado.

Más adelante, añadió: “avanzando a fundamentos necesarios para la decisión, de los que se desprenda inequívocamente su pensamiento en relación con la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas sometidas a examen”, en referencia con la posible imparcialidad que su situación implicaría en el debate.

Luego de interpuesta esta recusación, la Corte Constitucional deberá revisar si acepta o no la petición de la senadora y precandidata a la presidencia.

En las próximas semanas, el futuro de la reforma pensional se centrará si la Cámara de Representantes subsane el último debate.

De igual manera, la senadora impulsa un proyecto de ley con el que espera modificar el funcionamiento actual de la Jurisdicción Especial para la Paz.

“Principalmente lo que más me preocupa es el juzgamiento de aquellos miembros de las fuerzas armadas que dijeron que eran inocentes. Porque el señor que fue a la JEP y dijo: “Sí, yo maté los muchachitos de Soacha.” A ese es el que deberían llevar a la cárcel.

Pero me preocupa mucho más el problema de aquel militar que dice: “Yo no cometí los falsos positivos” y que hoy no tiene las garantías para un juicio justo: doble instancia, doble conformidad, casación, posibilidad de que haya unos conceptos de cumplimiento del derecho internacional humanitario, que la justicia penal de una interpretación sobre la actuación de ese militar", explicó en una entrevista que brindó recientemente a El País.