Este fue el balance que entregó la fiscal general, Luz Adriana Camargo, tras un año frente al ente investigador

Al cumplirse un año de su elección, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, se presentó este jueves ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para informar sobre los avances en su gestión.

La funcionaria destacó la implementación de los cinco pilares propuestos para agilizar y fortalecer las investigaciones, así como los progresos en la priorización de casos y la atención a víctimas.

Camargo señaló que durante su primer año se han abierto o reactivado 74 puntos de atención de la Fiscalía en el país, lo que representa un avance significativo en la capacidad de respuesta de la entidad.

Además, resaltó los esfuerzos en la asociación de casos y el fortalecimiento de las rutas de atención a las víctimas, buscando garantizar un acceso más eficiente a la justicia.

Al asumir el cargo en marzo de 2024, Camargo heredó investigaciones pendientes y nuevos escándalos que involucran a contratistas, funcionarios y personas cercanas al presidente, Gustavo Petro.

Según la Fiscal, su administración busca resultados con impacto en la lucha contra el crimen, evitando que los casos se derrumben ante los jueces por falta de pruebas.

Uno de los procesos más relevantes es el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), donde la Fiscalía señala la existencia de una “organización criminal” que habría direccionado contratos a cambio de sobornos.

Por este caso, siete personas están detenidas y algunos han firmado acuerdos de colaboración pendientes de validación judicial. Entre los investigados está Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones, quien será acusada en abril.

Otro de los procesos de alto impacto es el de Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’, señalado como jefe de una red de contrabando que habría cooptado a más de 100 funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

La Fiscalía también mantiene abiertas investigaciones sobre una supuesta financiación irregular en la campaña de Gustavo Petro. Se analiza el presunto ingreso de $500 millones no reportados por el sindicato Fecode y un supuesto aporte de $600 millones de la Unión Sindical Obrera (USO).

En cuanto al caso de Nicolás Petro, hijo del Presidente, la Fiscalía lo investiga por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, al haber aumentado su patrimonio en más de $1.000 millones sin justificación. El proceso se encuentra en etapa preparatoria y la fiscal Camargo no descarta un posible preacuerdo.

En su balance, la Fiscal General reiteró que su administración busca consolidar casos con pruebas contundentes. Sin embargo, varios de los procesos de mayor repercusión aún no han llegado a instancias definitivas.

Información de Colprensa.