Duro choque entre el Gobierno Petro y la Corte Constitucional por reforma pensional; razón del nuevo rifirrafe

Un nuevo episodio de tensión institucional sacudió este miércoles el escenario político del país, tras conocerse que la Corte Constitucional decidió aplazar por una semana la decisión final sobre la reforma pensional.

El alto tribunal, que tenía previsto pronunciarse sobre el tema en su sesión más reciente, ordenó la práctica de 17 pruebas que buscan esclarecer si la segunda votación de la reforma, realizada en la Cámara de Representantes, cumplió con los requisitos legales exigidos.

Dicho nuevo trámite legislativo se llevó a cabo por instrucción del mismo tribunal, luego de haber detectado irregularidades en la primera votación. Sin embargo, ahora la Corte quiere verificar que ese “remedio” se aplicó correctamente.

Entre las pruebas solicitadas, destaca un requerimiento al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) para que certifique la hora en la que el presidente Gustavo Petro salió del país el 27 de junio, día en el que firmó el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias. Fue en esas sesiones que finalmente se dio el aval legislativo a la controvertida reforma.

La decisión del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, ponente del caso, generó molestia inmediata en el Ejecutivo. El ministro del Interior, Armando Benedetti, usó su cuenta en la red social X (antes Twitter) para lanzar una batería de preguntas y cuestionamientos al tribunal.

“¿Cómo es posible que el magistrado ponga en duda lo que dice el presidente de la Cámara? ¿Hay una extralimitación de funciones? ¿Este auto es más político que jurídico?”, escribió Benedetti en una publicación en la que manifestó su inconformidad con el nuevo freno judicial.

Horas más tarde, fue el propio presidente Petro quien alzó aún más el tono. Afirmó que impedir la entrada en vigencia de una ley que fue votada en dos ocasiones por el Congreso constituye, en sus palabras, “un golpe de Estado”.

“La ley se aprobó dos veces. Impedir su aplicación es un simple golpe de Estado”, escribió el mandatario, quien además anunció que su gobierno comenzará a aplicar de inmediato algunos artículos de la reforma, independientemente del pronunciamiento final de la Corte.

Entre esas medidas mencionó la entrega del bono pensional a personas mayores sin pensión y la apertura de registros para mujeres mayores de 62 años y hombres mayores de 65, sin cobertura previsional.

A pesar del aplazamiento, el Gobierno insiste en que la reforma pensional comienza ya, mientras el país sigue a la expectativa de lo que decida la Corte Constitucional en los próximos días.