Corte Suprema llama a juicio penal a Mary Anne Perdomo, tras perder su investidura como representante a la Cámara

La representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Mary Anne Perdomo, afronta un nuevo capítulo judicial tras haber perdido su investidura por permitir la indebida destinación de recursos públicos en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).

Ahora, la Corte Suprema de Justicia ha decidido llamarla a juicio, esta vez en el marco de un proceso penal por varios delitos, entre ellos el de peculado por apropiación.

La decisión fue tomada por la Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema, que resolvió acusar a Perdomo como presunta autora del concurso material de los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y revelación de secreto, todos ellos cometidos de forma continuada y con agravantes.

El expediente, identificado con la radicación número 00999, señala que las conductas habrían ocurrido mientras Perdomo se desempeñaba como congresista. La Corte también ordenó remitir el caso a la Sala Especial de Primera Instancia para que asuma la competencia del juicio. Contra esta decisión procede recurso de reposición.

Este avance judicial se conoce apenas un día después de que el Consejo de Estado decretara la pérdida de investidura de la congresista, quien fue elegida en 2022 para representar al departamento de Santander. El alto tribunal concluyó que Perdomo incurrió en la causal de indebida destinación de dineros públicos, consagrada en el artículo 183.4 de la Constitución Política.

La decisión se fundamentó en una investigación que reveló que, entre julio de 2022 y enero de 2023, María Isabel Rueda Guerrero, quien ya no hacía parte de la UTL, fue suplantada por su hija, Laura Fernanda Rueda Guerrero, quien figuraba como asesora grado I, pero no habría realizado ninguna labor verificable. Testimonios y registros de ingreso al Congreso indicaron que la madre, y no la hija, era quien frecuentaba las oficinas y desempeñaba funciones, lo que configuró, según la sentencia, un uso irregular de los recursos del Estado.

El Consejo de Estado fue contundente al afirmar que esta situación “no pudo llevarse a cabo sin el conocimiento de la congresista”, lo que llevó a concluir que hubo dolo y que se quebrantaron los principios de transparencia en la gestión pública. Así, el alto tribunal decretó la “muerte política” de Perdomo, inhabilitándola para ejercer cargos públicos.

Por su parte, la ahora exrepresentante ha calificado las decisiones como parte de una “persecución política” y ha anunciado que apelará el fallo ante las instancias correspondientes. A través de un comunicado, aseguró que presentará nuevas pruebas y defendió la legitimidad de su actuación, denunciando además que las investigaciones en su contra estarían motivadas por su rol como mujer en escenarios de poder.