Continúan los llamados a respetar la institucionalidad tras el asedio a la Corte Suprema de Justicia

El episodio del pasado 8 de febrero cuando manifestantes bloquearon la entrada del Palacio de Justicia, luego de que los magistrados no se pusieran de acuerdo para elegir a la próxima fiscal general, sigue generando todo tipo de reacciones de rechazo. Esta vez, Transparencia por Colombia expresó su preocupación por lo ocurrido e hizo un llamado a repetar losprocesos democráticos.

“La escalada de tensiones que ha visto el país desde días atrás, cuando el presidente Gustavo Petro manifestó su visión de una ruptura institucional, debe cesar y llevar a todas las partes a enfrentar esta coyuntura con serenidad y altura. No se puede aceptar, desde ninguna orilla, una presión indebida y violenta a la Corte Suprema de Justicia para acelerar la designación de la nueva fiscal general de la nación. Se debe garantizar que esta decisión sea tomada desde el respeto de la autonomía de la Corte y de la rama judicial”, dice un comunicado de la ong.

Como se sabe, el pasado jueves se votó nuevamente para elegir a la sucesora de Francisco Barbosa entre la terna presentada por el presidente Gustavo Petro, sin embargo, como sucedió la vez pasada, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no lograron la mayoría y esa elección se volverá a intentar el 22 de febrero.

Por el momento, teniendo en cuenta que el actual líder del ente acusar va hasta el 12 de este mes, Martha Mancera, vicefiscal, se desempeñará como fiscal encargada hasta que la sala plena se decida por alguna de las tres candidatas.

En el comunicado de Transparencia por Colombia, señala que “el país necesita que la Fiscalía General de la Nación y el gobierno nacional pongan fin a un enfrentamiento público que se ha salido de los cursos institucionales. Ambas instancias deben dar trámite a las situaciones que motivan este enfrentamiento, respetando el orden constitucional y el estado de derecho. De esta forma, reiteramos que todos los procesos asociados a las investigaciones de presunta financiación irregular de la campaña del presidente Petro, deben realizarse en el máximo respeto del debido proceso para todas las partes”.

Recuerda que “el ejercicio legítimo del derecho a la movilización ciudadana y a la protesta, fundamental para manifestar el sentimiento ciudadano, se debe realizar respetando las instituciones, el ejercicio periodístico y fuera de toda acción violenta”.

Y finaliza: “La preservación del equilibrio de poderes y de la institucionalidad democrática debe prevalecer por encima de las tensiones que vivimos. Estos principios son los que nos permiten abordar los grandes desafíos que enfrentamos como sociedad. Desconocerlos solo llevaría a escenarios peligrosos de arbitrariedad y autoritarismo, completamente opuestos a los cambios que necesitamos en el país”.