Cancillería publicó sentencia de la CIDH en la que se declaró al Estado responsable por la violencia que llevó al exterminio de la Unión Patriótica

Hace más de un año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado colombiano responsable de la violencia sistemática que llevó al exterminio de la Unión Patriótica, luego de varios años de litigio y, como medida de reparación, exigió la publicación de la sentencia a través de las redes sociales oficiales de distintos organismos Nacionales.

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado de Colombia responsable por la violencia sistemática y generalizada mediante actos de desaparición forzada, asesinatos, masacres, ejecuciones extrajudiciales, amenazas, atentados, judicializaciones indebidas, tortura y desplazamientos forzados entre otros; que llevó al exterminio por razones políticas del partido político Unión Patriótica”, dice el documento publicado en la mañana de este miércoles 28 de agosto en la cuenta de X de la Cancillería.

“En consecuencia, ordenó como medida de reparación, con la finalidad de que la sociedad conozca lo que ocurrió para que no se repita, la publicación de la sentencia a través de las redes sociales oficiales de la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la Nación”, finaliza el apartado publicado por el ministerio.

Como es conoció, la Unión Patriótica surgió hace 39 años como movimiento político tras el Acuerdo de Paz logrado en 1984, y su consolidación se dio con el objetivo de generar las condiciones para que las fuerzas insurgentes de la época que firmaron el trato con el Estado retornaran a la vida civil, por lo que se les permitió organizarse de manera política, social y económica para que participaran en las urnas.

Mientras los organismos de justicia avanzan en las investigaciones por este caso, cada vez son más las sentencias que se resuelven en favor de los familiares de las víctimas, por ejemplo, este año el Consejo de Estado condenó a la Nación a indemnizar con 1100 salarios mínimos legales a la familia de un militante de la Unión Patriótica que fue torturado y asesinado por los paramilitares y la Fuerza Pública.