Alcaldes denuncian “intromisión indebida” del presidente Petro, por misión internacional en Medellín

La tensión política volvió a escalar entre el Gobierno Nacional y los mandatarios locales tras el anuncio del presidente Gustavo Petro, quien informó sobre el envío de una misión internacional de derechos humanos a Medellín. La medida, revelada por el jefe de Estado en su cuenta de X, se da luego de los disturbios registrados durante la marcha pro Palestina del pasado 7 de octubre en la capital antioqueña.

El mensaje presidencial generó una inmediata reacción de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), que agrupa a los alcaldes de las principales urbes del país.

En un comunicado público, la organización calificó la decisión como “improcedente, irregular y contraria al orden constitucional colombiano”, argumentando que someter a escrutinio internacional las actuaciones de una autoridad local constituye una violación a la autonomía territorial.

Según el documento difundido por la entidad, la iniciativa presidencial “desconoce la autonomía territorial consagrada en los artículos 1, 287 y 315 de la Constitución Política”, así como los principios de descentralización y separación de poderes.

La asociación recordó que la Carta de las Naciones Unidas y el Pacto de Bogotá de 1948 prohíben la intervención internacional en asuntos internos, salvo en casos de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos, condición que, según Asocapitales, no se cumple en esta ocasión.

La organización también citó una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que se reconoce el deber de los Estados de mantener el orden público y proteger la vida y bienes de las personas mediante el uso racional y legal de la fuerza. “Pretender internacionalizar un procedimiento policivo ordinario desnaturaliza estos principios”, advierte el comunicado.

El director de Asocapitales, Andrés Santamaría, añadió que la iniciativa presidencial “erosiona la institucionalidad democrática” y debilita la legitimidad de las autoridades locales elegidas por voto popular.

El anuncio de Petro se produjo días después de que circularan videos en los que se observa a gestores de convivencia de la Alcaldía de Medellín interviniendo en los disturbios del 7 de octubre, donde manifestantes y defensores de derechos humanos denunciaron agresiones.

Ante esas imágenes, el Presidente escribió en su cuenta de X: “El Gobierno Nacional debe desmantelar este grupo violento dirigido desde el poder local. Es puro militarismo prohibido por la ley”.

La respuesta del alcalde Federico Gutiérrez fue inmediata. En la misma red social, acusó al mandatario de buscar “incendiar a Colombia” y reiteró que su administración actuó conforme a la ley para preservar el orden.

“Nos podés seguir mandando todos los días violentos a las calles, y nosotros seguiremos poniendo orden. Vos ofrecés desorden, yo ofrezco orden”, expresó el mandatario local.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, también defendió el operativo y sostuvo que la Fuerza Pública actuó de forma proporcional ante actos de vandalismo.

“Aquí la Fuerza Pública debe cumplir su deber legal y constitucional de protección de los derechos de quienes no hacen parte de la protesta violenta”, afirmó.