Este es el peligroso escenario electoral del 2026; conozca cuáles son las zonas más afectadas

El panorama electoral para el próximo año en Colombia está plagado de riesgos mayores. Esta semana, la Defensoría del Pueblo publicó una alerta temprana en la que da cuenta de la magnitud del problema: según el ente, son cerca de 600 los municipios en donde se presenta algún tipo de riesgo, lo que significa más de la mitad de los que conforman el total del territorio colombiano.

De ellos, 62 requieren atención inmediata (es decir, lugares en donde el riesgo ya se materializó), 162 atención urgente (escenarios en donde los riesgos están cerca de materializarse) y 425 que precisan acción prioritaria (donde los riesgos presentan una menor visibilidad pero podrían escalarse de no atenderse oportunamente).

La alerta emitida por la Defensoría identificó municipios ubicados en el Catatumbo, la región del Pacífico y la zona de Arauca como aquellos en los que los hechos violentos podrían afectar de manera directa a candidaturas, liderazgos e infraestructura electoral.

Este tipo de alertas también han sido emitidas por la Misión de Observación Electoral (Moe), que ha venido haciendo seguimiento a esta problemática en Colombia.

Según Diego Alejandro Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral, aunque las cifras muestran una disminución de la violencia hacia liderazgos políticos en las regiones, con cerca de 15 % en comparación con el mismo periodo en el 2021, resulta preocupante la concentración de dicha violencia en estos actores. “Cerca del 56 % de los hechos registrados están relacionados con liderazgos políticos. Ahí estamos viendo afectaciones importantes en alcaldes en ejercicio, concejales y funcionarios de administraciones municipales, lo cual nos permite identificar fenómenos de conflictividad a escala microterritorial”, comenta.

Por su parte, el Ministerio del Interior, en cabeza de Armando Benedetti, aclaró cuáles son las áreas en donde más se concentran estas amenazas y señaló que son 104 las poblaciones con riesgo electoral. Según el Ministro, la preocupación más grande se ubica en zonas con alta conflictividad derivada del cultivo y la producción de cocaína.

“Me refiero, específicamente, al Catatumbo, Norte de Santander; aLópez de Micay; El Plateado, en el Cauca; Nariño; Chocó, y el sur del Valle del Cauca”, dijo el pasado 7 de octubre.

En cuanto a la región del Pacífico, el informe de la Defensoría identificó que, de los 148 municipios en riesgo, 36 corresponden a aquellos en los que se requiere una acción inmediata, 43 una acción urgente, 59 una acción prioritaria y 10 en observación permanente.

“Esta es la subregión más crítica de las siete, 24 % de los municipios del suroccidente del país requieren esa acción inmediata”, indicó la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.

Añadió que en este territorio hacen presencia las disidencias de las Farc, el ELN, el Clan del Golfo y demás grupos de crimen organizado. “Dentro de cada municipio vamos a ver dinámicas diferentes”, acotó.

Este hecho tiene relación con lo que ha encontrado la MOE. Según la Misión, se registra un aumento en el número de grupos al margen de la ley que operan en estas zonas, lo que a su vez se traduce en hechos de violencia, bien sea por amenazas, desplazamiento, atentados contra la vida, etc., que afectan los procesos electorales.

Para el coordinador del Observatorio Político Electoral, hasta el momento se han registrado 1345, lo que representa un aumento del 200 % con respecto a la cifra que se tenía en el periodo pasado, 491.

Para algunos analistas, esta proliferación de actores armados en el territorio colombiano, especialmente en regiones como el Pacífico, guarda una relación directa con la política de ‘Paz Total’, con la que el Gobierno Nacional buscó abrir procesos de diálogos y cuyo éxito ha quedado en entredicho, debido a los múltiples impases que ha tenido desde su inicio.

Para Álvaro Benedetti, consultor internacional y analista político, dicha política ha traído efectos contradictorios con el pasar del tiempo, algo que ahora se pone en evidencia con la cercanía de los comicios del 2026.

“Aunque el espíritu inicial fue reducir la violencia, mediante el diálogo, la realidad ha dicho que su implementación fue fragmentada y los ceses de hostilidades terminaron generando vacíos de autoridad que, además, facilitaron la expresión y reconfiguración de muchos grupos armados. Esto es, en sí mismo, un factor de inestabilidad, que hoy amenaza el proceso electoral”.

Asimismo, para el coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE, los ceses al fuego por parte del Gobierno no fueron acompañados por indicativos y delimitaciones claras para la Fuerza Pública, un hecho que los actores armados aprovecharon para imponer su presencia en dichos sitios.

“Lo que vimos fue cómo disminuyó el indicador de combates con las fuerzas regulares, Ejército, Policía Nacional, con estructuras armadas ilegales, y cómo aumentaron los indicadores de enfrentamientos entre dichas estructuras. Eso fue lo que nos llevó a la escalada de violencia que tenemos hoy”, apunta.

Dicha escalada, a su modo de ver, se presenta entre “estructuras muy pequeñas, sin mandos definidos, sin estructuras jerárquicas visibles”, en relación a la cadena de mando que se establecía otrora con grupos como las Farc, antes de la firma del Acuerdo de Paz.

Respuesta del Gobierno

Luego de que se hicieron públicas las alertas de riesgo de la Defensoría del Pueblo en las elecciones de 2026, salió a relucir la estrategia con la que el Gobierno planea hacer frente a la delicada situación.

Se trata del ‘Plan Democracia’, una iniciativa que se planteó desde las elecciones de 2022, y que ahora vuelve a tomar fuerza.

Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en dicho plan participan la Defensoría del Pueblo, la Registraduría Nacional y la Procuraduría, y toma como base distintos informes, como el emitido esta semana por Iris Marín.

“Nosotros no estamos solamente previniendo sino anticipándonos y tomando acción frente a los diferentes riesgos que generan las amenazas a este proceso electoral”, dijo Sánchez.

Rubiano asegura, por su parte, que el Gobierno Nacional ha tenido una actitud receptiva frente a los diferentes informes que desde la MOE han publicado, de cara a posibles soluciones a los riesgos electorales.

“Hemos tenido encuentros con entidades del Gobierno, en instancias oficiales, y ahí hemos visto receptividad, tanto de instituciones de Fuerza Pública como del Ministerio del Interior”.

Resaltó el impulso del ‘Plan Democracia’, que entienden como “un ejercicio de voluntad importante por parte de las autoridades para atender la situación”.

Para Álvaro Benedetti, sin embargo, el que haya menos de un año para los comicios dificulta mucho los planes. “El margen de maniobra que tienen las autoridades para garantizar seguridad y transparencia en zonas críticas como el Pacífico es, hoy, muy estrecho. Es complejo que se logre”.

Explicó que, por un lado, se requiere coordinación entre el Gobierno, la Fuerza Pública y las autoridades electorales y, por el otro, “porque necesita estrategias diferenciadas y una presencia sostenida, algo que, con este incremento de la violencia, se pone muy en duda”, opina.